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@DIN, 3 de
enero de 2007 - Ocho campesinos acusados de presunta
participación en una emboscada a cinco policías en Machente (Ayacucho),
están detenidos de forma ilegal, según denunció a la prensa su abogado Raúl
del Castillo, quien dijo que el plazo de 15 días que otorga la ley para que
se procese una investigación por terrorismo ya venció.
Así, y con el fin de buscar su liberación, el abogado presentó un recurso de
hábeas corpus contra el fiscal Luis Azañedo –quien acusó a los campesinos de
terrorismo agravado– y en contra del teniente EP Dulanto Montalvo, quien
intervino a los campesinos. Tal sería el abuso que se estaría cometiendo en
contra de los campesinos, que ayer soportaron “un peloteo judicial”.
La ONG Paz y Esperanza de Ayacucho presentó también una acción de hábeas
corpus con el fin de conseguir la liberación de los campesinos. Para hoy los
pobladores de Chacas –de donde provienen los detenidos– realizarán una
marcha de solidaridad.
Los campesinos Glorioso Ochoa, Eloy Rojas, Alcides Ñaupa, Víctor, Fortunato
y Sabino Yaranga, Wilmer Rimache y Jacinto Huamán fueron trasladados ayer
por la tarde a Ayacucho y entregados a la policía antiterrorista del lugar.
Una jueza transfirió ayer a un tribunal de la región surandina de Ayacucho a
ocho campesinos acusados de participar en una emboscada, pese a no haber
pruebas contra ellos.
La decisión fue anunciada cuando los abogados de los detenidos y
organizaciones de derechos humanos exigían su libertad por falta de pruebas,
situación admitida por la policía antiterrorista de Lima, que los investigó
durante 15 días.
El traslado fue decidido por la jueza Miluska Cano, tras negarse a juzgarlos
por no haber ocurrido los hechos en Lima, su jurisdicción, sino en Ayacucho.
La policía, informaron los abogados, no encontró pruebas contra los
campesinos, pese a lo cual el Ministerio Público los acusó de "terrorismo
agravado" ante la jueza Cano.
Los campesinos fueron apresados bajo la sospecha de haber participado en una
emboscada en la que murieron cinco policías y tres civiles.
La parlamentaria Juana Huancahuari acusó al fiscal acusador, José Azañero,
de haber actuado arbitrariamente al consignar a los detenidos pese a que la
Policía verificó que no habían usado armas de fuego.
Los ocho campesinos fueron apresados cerca de una base militar en los
accesos a una selvática donde supuestamente se refugian elementos alzados,
tras la emboscada del 16 de diciembre pasado, en la región de Ayacucho.
El diario Correo cita versiones de fuentes no identificadas sobre posibles
"presiones desde las más altas esferas del poder" para juzgar a los
labriegos, pese a que la Dirección Policial Contra el Terrorismo (DIRCOTE)
no encontró evidencias incriminatorias.
Según el diario, con ello se buscaría evitar el gran chasco que significaría
para el gobierno la inocencia de los campesinos, luego de ser presentados
como subversivos por el premier Jorge del Castillo y los ministros de
Defensa y del Interior.
La diputada Huancahuari demandó que los jefes de esas carteras, Allan Wagner
y Pilar Mazzetti, respectivamente, comparezcan ante el Parlamento para dar
explicaciones sobre el caso.
Entretanto, el director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH),
Miguel Jugo, señaló que el caso de los campesinos evidencia "la ligereza e
irresponsabilidad de algunas autoridades".
Comentó que las detenciones de inocentes acusados de terrorismo se deben al
interés de sectores conservadores de "encarcelar a activistas sociales".
Aludió así a la reciente detención, sin pruebas, de dos jóvenes activistas
de izquierda acusados de preparar atentados y que tuvieron que ser liberados
rápidamente.
Estamos ante una situación artificial, nos quieren hacer creer que el
terrorismo está resurgiendo para justificar la represión, señaló Jugo.
Al mismo tiempo, persiste una campaña gubernamental contra un fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado peruano a
sancionar a los responsables de una matanza de 42 presos políticos acusados
de subversivos en 1992, bajo el régimen de Alberto Fujimori.
Traslado a Ayacucho
Tras la decisión de la jueza limeña Miluska Cano de inhibirse de procesar a
los campesinos al considerar que el caso debía ventilarse en el lugar donde
ocurrieron los hechos, éstos fueron retornados a Huamanga al mediodía de
ayer.
Sin embargo, Willy Ayala Calle, juez del Segundo Juzgado Supraprovincial de
Huamanga, también se abstuvo de abrir proceso al argumentar razones de
territorialidad. Según Del Castillo, “se inhibió al señalar que la provincia
de La Mar –donde se dio emboscada– no era parte de su jurisdicción, por lo
que derivó el caso al Juzgado Mixto de San Francisco-La Mar. Sin embargo, el
juez no está especializado en terrorismo, y ahora se encuentra en Lima de
vacaciones, por lo que la incertidumbre sobre mis defendidos continúa”.
El abogado Del Castillo acusó al gobierno de lo que llamó una arbitraria
detención. “No sería la primera vez que el Ejecutivo busca chivos
expiatorios para encubrir responsabilidades de altos funcionarios (…) tan
irresponsables de llevar operativos para supuestamente ir a la caza de
terroristas”, apuntó el abogado.
Adelantó que se enjuiciará al Estado por lo daños y perjuicios ocasionados.
“Ésta no sólo es una agresión física y moral, sino también cultural, pues es
visible el trato discriminatorio sufrido. Se prepara una denuncia contra el
Estado por los daños y perjuicios que han ocasionado a mis defendidos”.
Hasta la noche de ayer, los ocho campesinos permanecían detenidos en la sede
de la Dirección Contra el Terrorismo de Huamanga.
Pese a que no hay indicios de su participación en la sanguinaria emboscada
de Machente, la prolongada detención de los ocho campesinos ayacuchanos
parecería responder a la intención del gobierno de mantener esta versión
ante la opinión pública o que el asunto se olvide. Y responsable de la
situación de los mismos es el Ministerio de Defensa, como responsable de la
lucha antiterrorismo en el VRAE.
Así lo señaló el ex director de la Policía Nacional del Perú, general (r)
Eduardo Pérez Rocha, al estimar que se buscaría insistentemente hallar
responsabilidad en los detenidos. En todo caso, especuló, se buscaría que el
asunto pierda interés y pase inadvertido, teniendo en cuenta que “ya están
por cumplirse los 180 días ofrecidos por el gobierno para concretar sus
programas”.
“La Constitución es clara y en casos de terrorismo y narcotráfico las
detenciones no pueden exceder los 15 días. Además, no se puede sindicar a
nadie como autor de un delito sin probarlo”, manifestó.
Agregó que esta errónea detención respondería a la ausencia total de
inteligencia, y que el responsable político de ello es el Ministerio de
Defensa, a cargo de la lucha contra el terrorismo en el VRAE.
Fuentes de la Policía aseguraron a La Primera que la responsabilidad
alcanzaría también a altos mandos de esta institución que ordenaron la
detención de los sospechosos y elaboraron el atestado con el que finalmente
fueron derivados a la justicia.
Saldrían en libertad en las próximas horas
“No hay indicios ni evidencias que precisen la responsabilidad directa de
los ocho detenidos respecto al crimen de Machente, en consecuencia en las
próximas horas podrían quedar en libertad”, aseguró Raúl del Castillo
Alatrista, abogado de los campesinos acusados por su presunta participación
en la emboscada en la que fallecieron cinco policías y tres civiles en
Ayacucho el pasado 16 de diciembre.
Asimismo indicó que sus patrocinados tendrían que ser liberados en las
próximas horas, antes de los quince días estipulados para la investigación
policial en este tipo de caso.
Precisó que los ocho campesinos están detenidos en la Dircote mientras se
realiza la investigación policial, cuando esta concluya se elaborará un
atestado o un parte. El primero si es que se considera que el caso amerita
un proceso judicial o formalizar denuncia, el segundo si es que no existen
pruebas que los incrimine como responsables del delito.
En este caso, la policía está elaborando un parte, por lo tanto en las
próximas horas los campesinos deberán ser puestos a disposición del
Ministerio Público.
Recordó que el 18 de diciembre, los ocho campesinos fueron detenidos cuando
se encontraban realizando una labor de deshierbe y limpieza de un campo de
cultivo de considerable extensión. Ellos estaban circunstancialmente en
medio de una operación de tipo militar que buscaba a los responsables de la
emboscada perpetrada dos días antes en la localidad de Machente, ubicada a
dos días de camino de la zona en la que encontraron a los campesinos.
Relató que los campesinos fueron detenidos sin oponer resistencia, no se les
encontró ningún tipo de armamento y se les trasladó a un cuartel militar en
donde les hicieron firmar un acta en la que presuntamente consta que fueron
detenidos en posesión de armas de guerra.
Luego, señaló, en la Comisaría de San Francisco se les tomó una declaración
sin la participación del fiscal penal de turno, ni un abogado de oficio.
Además el interrogatorio se realizó en castellano cuando el idioma natal de
los campesinos es el quechua.
“La justicia debió participarles las razones por las que eran detenidos y
posibilitar la intervención de un interprete para que esto se pueda
desarrollarse sin ningún contratiempo y respetando los derechos inherentes
de los campesinos”, acotó.
Manifestó que la información fue mal llevada a los ministros del Interior,
Pilar Mazzetti, y de Defensa, Allan Wagner, lo cual derivó en una acusación
irresponsable “que en las próximas horas quedó desvirtuada”.
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2006, un año de polarización, tensiones y expectativas
Escribe Wilfredo Ardito Vega
Agenciaperu.com
Enero
Riesgos e impunidad
Los diarios Expreso, La Razón y Correo no pierden tiempo y comienzan el año
anunciando un violento rebrote senderista, que vinculan a las ONG. Un jefe
militar es destituido por dejarse llevar por sus instintos y disponer el
toque de queda y la restricción de actividades sociales en Huamalíes (Huánuco),
sin mayor razón.
Entretanto, la abogada Iscra Chávez y sus colegas de la ONG cusqueña
APORVIDHA son amenazados de muerte por apoyar a las víctimas de Lucmahuayco.
Sin embargo, el proceso legal continúa. Los autores de las amenazas serían
los mismos policías que hace veinte años cometieron una terrible masacre en
esa localidad cusqueña. A lo largo del 2006, la hostilización a las
organizaciones de derechos humanos sería constante o, mas bien, creciente.
El Juez de Huancabamba, Edwin Culquicóndor, absuelve a diez policías
acusados por la muerte del dirigente campesino Reemberto Herrera. El proceso
tiene muchas irregularidades como el hecho que ni siquiera se pidió que los
testigos reconocieran a los acusados. En setiembre, los policías
involucrados en las muertes de Edgar Pinto y Fernando Talavera serían
condenados por la Corte Superior de Arequipa a la benévola sentencia de
cuatro años de prisión suspendida, quedando absueltos los jefes a cargo del
operativo.
Febrero
Muertes lejanas a quienes defienden sus derechos
La provincia Datem del Marañón se encuentra tan abandonada que la mayoría de
limeños ni siquiera sabe que existe. Al participar en una protesta para
exigir mayor atención de las autoridades, muere el estudiante Mario Vargas
debido a una bomba lacrimógena arrojada por la policía contra su pecho. No
sería el último muerto por violencia policial del régimen de Toledo: el 5 de
mayo le tocará al campesino Guillermo Tolentino al exigir mejores
condiciones laborales a un service de la empresa Barrick en Huaraz. El 8 de
julio fallece el pescador Zoilo Huertas en Puerto Pizarro, cuando defendía
esta localidad de los abusos de una langostinera. En estos últimos casos,
las demandas de la población son finalmente satisfechas.
Rómulo Pizarro, el Ministro del Interior responsable por los sucesos será
colocado después por Alan García a cargo de DEVIDA, la instancia que combate
el narcotráfico.
Marzo
Aunque cambia la publicidad, la realidad se mantiene igual... o empeora
La Mesa contra el Racismo otorga el premio “Al Más Discriminador” a la
empresa Backus, por su publicidad racista y machista. Robert Priday, el
nuevo gerente de la empresa cervecera, responde señalando que su publicidad
aportará a la unión entre los peruanos y cumplirá los estándares de la
transnacional Miller, a la que ahora pertenece Backus. Los comerciales de
Pilsen y Cristal cambian radicalmente.
Diversos indígenas aparecen hablando aymara, quechua y varias lenguas
amazónicas en la publicidad de Claro, pero la realidad no es tan idílica
como presentan esos comerciales: se produce la quinta rotura del gasoducto
de Camisea, afectando a los nativos machiguengas. A la escasa seriedad de la
empresa transportadora se une la poca exigencia del Estado.
En Huancabamba, uno de los gerentes de la empresa Minera Majaz lidera una
turba que irrumpe a pedradas en un foro sobre desarrollo y agrede al biólogo
Fidel Torres, el economista Juan Aste y el abogado Quique Rodríguez. Un
campesino es brutalmente golpeado al ser confundido con el alcalde de San
Ignacio.
En esos días, se despide el Embajador inglés, Richard Ralph, que regresará
en pocos meses al Perú precisamente como gerente de Majaz. Se disculpa
públicamente por los errores anteriores de la empresa, pero continúan los
juicios contra los dirigentes ambientalistas. Majaz permanece en las dos
comunidades campesinas en cuyas tierras se encuentra sin autorización, como
al finalizar el año confirmará la Defensoría del Pueblo.
Abril
Los excluidos son insultados, pero no pueden ser ignorados
Las críticas de Ollanta Humala al sistema neoliberal lo hacen objeto de
muchos ataques en todos los canales de televisión. Circulan rumores que
fusilará homosexuales, ancianos y monjas. A pesar de ello, en las elecciones
del 9 de abril, la mayoría de nuevos congresistas pertenecen a la alianza
que entonces Humala lidera, especialmente en las regiones más pobres. Los
resultados muestran claramente las consecuencias de la exclusión, pero el
Primer Ministro Pedro Pablo Kuczinsky prefiere argumentar que el cerebro de
los campesinos no funciona bien, por la falta de oxígeno.
Después de acreditar más de 100,000 firmas, el Jurado Nacional de Elecciones
dispone que el Congreso discuta la iniciativa legislativa para convocar a un
referéndum sobre la aprobación del TLC, pero Antero Flores Araoz logra
impedir el debate, sosteniendo, además, que es inútil preguntarle sobre el
TLC a “llamas y vicuñas”. En julio lo visita en su estudio de San Isidro una
llama, acompañada por un grupo de manifestantes. En noviembre, es
recompensado por Alan García con el cargo de Embajador ante la OEA.
Extraño fallo en el caso Utopía: Percy North es condenado por homicidio
doloso, como si intencionalmente hubiera asesinado a los 21 jóvenes
fallecidos en el incendio de ese local racista. North apela y consigue
después una condena más reducida, como corresponde a un homicidio culposo.
Por el incendio de Mesa Redonda ni siquiera existe asomo de condena a los
responsables, a pesar que ocurrió varios meses antes y que ocasionó cuarenta
veces más víctimas, en su mayoría personas pobres.
La Municipalidad de Los Olivos emite una ordenanza para regular la situación
de las adolescentes trabajadoras del hogar. Ningún otro municipio sigue el
ejemplo, a pesar que el Código del Niño y del Adolescente las obliga a ello
desde hace catorce años.
Mayo
Prohibiciones, sanciones y sentencias en defensa de la salud pública
Cumpliendo la Ley 28705, en varias universidades limeñas se prohibe la venta
de cigarrillos y son retiradas las máquinas expendedoras de la Universidad
Católica (la única donde estaban instaladas). Sin embargo, continúa el
consumo de cigarros dentro de las universidades, pese a la prohibición
expresa. La ley es violada también en las instalaciones del Congreso por
muchos parlamentarios.
Indecopi multa con 125,000 soles al restaurante Café del Mar, propiedad de
Rafael Osterling e Iván Kisik, por impedir el ingreso a personas andinas,
mestizas o negras, entre ellas un profesor de Harvard y la directora de
Imasén Giovanna Peñaflor. Ante la reincidencia del local, se realiza un
plantón de protesta. Desde varios autos, algunos racistas “poco asolapados”
gritan: “¡Muéranse de una vez, cholos malditos!”
El Ministerio de Energía y Minas, pese a los incumplimientos de Doe Run le
otorga tres años más para cumplir su Programa de Manejo Ambiental en La
Oroya, que recibe este año la calificación de “una de las diez peores
ciudades para vivir en el mundo”. Doe Run sabe que los padres de los niños
afectados no protestarán, porque temen perder su empleo, y que cuenta,
además, con el apoyo del alcalde, Clemente Quincho. Lo que no esperaba era
que, al mes siguiente, el Tribunal Constitucional, sentenciaría que el
Ministerio de Salud debe atender con urgencia la salud de la población.
Junio
Muchas muertes, ningún responsable
Lucio Serrano muere por un disparo en el abdomen mientras presta servicios
de seguridad en Irak. La empresa Wackenhut y el Ejército Peruano rehúsan
cualquier responsabilidad por la desprotección que padecen las personas que
seleccionaron y entrenaron para que trabajaran en ese país y en Afganistán.
Los riesgos que enfrentan muchos peruanos para conseguir algún ingreso se
aprecian también en la muerte de 28 trabajadores que se dirigían a minas
Buenaventura, evidenciándose, una vez más, las pésimas condiciones viales en
la zona andina.
Mientras en Costa Rica, México o Ecuador las elecciones muestran la
polarización entre defensores y adversarios del sistema neoliberal, en el
Perú algunos intelectuales sostienen en la segunda vuelta que votar por Alan
García equivale a defender la democracia. Meses después parecerán
sinceramente sorprendidos cuando el nuevo régimen propone reimplantar el
servicio militar obligatorio y la pena de muerte, defiende a los violadores
de derechos humanos, se vincula al fujimorismo y toma medidas contra las
mismas ONG en que muchos de esos intelectuales laboran.
Julio
El homicidio: ¿una forma de conseguir el aprecio público?
Wilson Paredes es muerto a dentelladas por un perro feroz y a los pocos días
el joyero Héctor Banchero asesina de un disparo por la espalda a Carlos
Beingolea. Muchos ciudadanos respaldan al animal y al joyero, sosteniendo
que Paredes y Beingolea eran delincuentes y merecían morir. Aunque Banchero
ya ha matado a otra persona hace pocos años en circunstancias curiosamente
similares, el Ministro Pizarro no encuentra motivos para que se le retire su
licencia para portar armas. En octubre, otro perro peligroso mata a la niña
Daysi Estrada, pero no genera solidaridad.
Los ambientalistas también enfrentan serios peligros en Lima: en Chaclacayo
muere el anciano italiano Sergio Guarisco, al intentar evitar la tala de
unos árboles, práctica frecuente en muchos municipios.
Por primera vez en 185 años de vida republicana, las congresistas María
Sumire e Hilaria Supa vencen el menosprecio a su idioma y su cultura y
prestan juramento en quechua, desafiando los gestos despectivos de su colega
Martha Hildebrandt. Posteriormente se establece un servicio de traducción
permanente en el Congreso, pese a las críticas de muchos limeños, indignados
porque se hable un idioma que ellos no entienden.
Al asumir el mando, Alan García se reduce el sueldo y logra medidas
similares en ministros, congresistas y la Defensoría del Pueblo, pero férrea
resistencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Con los mayores
recursos que cuenta el Estado podrían llevarse a cabo las esperadas
inversiones frente a la exclusión.
Agosto
En un país con tantas muertes absurdas, García quiere dar su propia
contribución
La Ley 28867, propuesta por el ahora ex-congresista Jacques Rodrich,
sanciona hasta con cuatro años de prisión la discriminación. Algunos locales
racistas deciden “ponerse a Derecho”. Sin embargo, dos meses después, en los
funerales de Valentín Paniagua persistirá la práctica de emplear cargadores
negros, supuestamente percibida como una elegante reminiscencia de tiempos
de la esclavitud.
Debido a la negligencia de sus empleadores fallece en un accidente el obrero
Agustín Castro. La flamante Ministra de Trabajo Susana Pinilla acude al
velorio y anuncia severas sanciones para los responsables, logrando que
tragedias similares disminuyan drásticamente.
Su actitud contrasta con la Ministra de Transportes Verónica Zavala,
entonces más empeñada en vender los aeropuertos norteños a empresas
transnacionales que en garantizar la seguridad de las carreteras: catorce
campesinas de Apurímac fallecen al estrellarse la combi en que viajaban.
Venían de recoger su subsidio del programa Juntos.
Los campesinos de Combayo bloquean la carretera a las instalaciones de
Yanacocha. Uno de ellos, Isidro Llanos muere abaleado, desconociéndose si el
autor es un policía o un vigilante de la empresa de seguridad Forza.
Yanacocha anuncia la paralización de sus operaciones. Diversos medios de
comunicación exigen una respuesta violenta contra los campesinos, pero el
Primer Ministro Jorge Del Castillo logra el diálogo y el cese de las medidas
de fuerza por ambas partes. La calma es engañosa: se incrementa el reglaje y
la hostilización hacia el Padre Marco Arana y los demás integrantes de la
ONG Grufides. Dos meses después es asesinado el veterinario y dirigente
ambientalista Edmundo Becerra, también muy crítico de la empresa minera.
A fin de mes, Jonathan Condori es asesinado por la policía cuando
participaba en una manifestación contra las discotecas y prostíbulos
clandestinos en Sicuani. Las fuerzas policiales tendrán otra víctima antes
que termine el año: el taxista de Abancay Cirilo Tuero, que protestaba
contra una medida derogada de la Presidenta Regional. Al parecer, para Alan
García tanta muerte no ha sido suficiente: comienza a promover la
reinstalación de la pena capital, mediante fusilamiento, para mayor
precisión.
Setiembre
Los mismos rostros en viejos cargos
Por primera vez una película peruana genera una encarnizada polémica:
Madeinusa es criticada y defendida con vehemencia. La verdad es que Claudia
Llosa refleja y/o refuerza estereotipos racistas al mostrar a los campesinos
andinos como seres primitivos y violentos, pero algunos críticos de cine
sostienen que no se puede criticar el argumento de una obra de ficción.
La policía actúa violentamente contra los habitantes de Sión, motivando
luego que el responsable del operativo sea destituido por la Ministra del
Interior Pilar Mazzetti, en una medida sin precedentes frente a las
violaciones a los derechos humanos. En Chiclayo, en cambio, el gobierno
parece incapaz de manejar el conflicto entre dos supuestos alcaldes. La
pelea entre ambas facciones lleva al incendio del hermoso Palacio Municipal.
Sólo un mes después, el gobierno interviene, estableciendo el Estado de
Emergencia y suspendiendo el ejercicio de numerosos derechos en todo
Lambayeque. Al parecer se trata de un ensayo de manejo de crisis.
Arturo Woodman, José Chlimper, Beatriz Boza, Antero Flores Araoz y Rafael
Rey son sólo algunos de los personajes cercanos al régimen de Fujimori y/o a
los grupos de poder que vienen incorporándose al régimen actual. Medidas
típicas de un régimen neoliberal se perfilan, como la venta del terreno
donde se encuentra el Coliseo Dibós o insistir en que Estados Unidos
suscriba el TLC, negando la precariedad laboral en que se encuentran muchos
trabajadores de sectores exportadores.
Octubre
Protestas y resultados
Centenares de personas suscriben una carta a María del Pilar Tello,
directora de la televisión estatal, rechazando su pretensión de cancelar
programas inclusivos como Costumbres, Reportaje al Perú, Sucedió en el Perú
y Miski Takiy. Tello contrata a Vanessa Saba como imagen del canal,
generando cuestionamientos lógicos pero sorprendentes, en el sentido que no
existe un solo prototipo de mujer bella en el Perú. Finalmente, después de
tres meses de errática gestión, Tello renuncia y pasa al diario El Peruano.
Por más de treinta años los achuares padecen la contaminación petrolera,
pero sólo cuando toman algunas instalaciones de Pluspetrol en el río
Corrientes, esta empresa y el Ministerio de Energía y Minas aceptan
dialogar. Se suscriben diversos compromisos y luego que los dirigentes se
retiran del campamento, se enteran que serán procesados por secuestro.
Entretanto, en Madre de Dios, la empresa petrolera china Sapet anuncia que
no explotará una parte del área que le había sido concedida, debido a que
está reservada para poblaciones indígenas aisladas. A Perú Petro y al
Ministerio de Energía y Minas ese pequeño detalle no les había preocupado
mucho al entregarla en concesión.
En el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, se encuentra uno de los hornos donde
se incineraba los cadáveres de los prisioneros asesinados. A los pocos días,
la Fiscal a cargo, Cristina Olazábal, es removida. A nivel nacional se
aprecia una estrategia coordinada para mantener la impunidad de los
militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Noviembre
El Ministerio por fin responde, el pueblo también, los supermercados no
Después de centenares de muertes en las carreteras, el Ministerio de
Transportes comienza el Plan Tolerancia Cero para garantizar la seguridad
del transporte interprovincial, pero se producen serias resistencias al sur
del país. Al terminar el año, el Ministerio decide también denunciar
penalmente a las empresas cuyas irregularidades generaron accidentes
mortales. Sin embargo, muchos accidentes se deben también al pésimo estado
de la red vial en la mayor parte del territorio nacional.
Elecciones municipales: desde Barranquita hasta Barranco, desde La Oroya
hasta Lince, desde San Isidro hasta Sicuani, la lista de cuestionados
alcaldes no reelegidos es interminable. En el episodio más violento de la
jornada electoral, el cabo Elmer Rojas muere al despeñarse en Chavín de
Huántar cuando intentaba huir de una turba enfurecida. El Jurado Nacional de
Elecciones entregará a sus padres 500 soles mensuales durante un año. Parece
poco, pero a los deudos de los fallecidos por excesos policiales no se les
ha entregado ninguna compensación. El Poder Judicial sí la ha dispuesto para
los casos de Edgar Pinto y Fernando Talavera.
Wong, Tottus y Supermercados Peruanos (Plaza Vea, Vivanda y Santa Isabel) no
contestan al pedido de colocar el afiche elaborado por Lissete Lugo y
Eduardo Sasco sobre las trabajadoras del hogar. Muchas trabajadoras
sostienen que suelen ser discriminadas por los empleados de esos
supermercados, tan amables con los demás clientes.
El Congreso de la República aprueba la reducción del precio de los
pasaportes. Se encuentran en estudio importantes proyectos de ley sobre el
derecho a hablar el propio idioma, la gratuidad del DNI, el Seguro Integral
de Salud para los Jueces de Paz, la acción del Ministerio Público frente a
las prácticas discriminatorias. En diciembre, la Comisión de Energía y
Minas, presidida por Santiago Fujimori, rechaza el impuesto a las
sobreganancias mineras. También se rechazó el pedido de dar asistencia
médica gratuita a los integrantes de las rondas campesinas.
El Poder Judicial por fin emite el Reglamento para la Elección de Jueces de
Paz. En los lugares donde no se pueda llevar a cabo la elección, las Cortes
Superiores designarán a los Jueces de Paz tomando en cuenta su grado de
instrucción.
Diciembre
Pronóstico reservado para el año 2007
Como el año pasado en la misma época, se habla de rebrote terrorista,
después que en el valle del Apurímac, cinco policías y tres civiles son
asesinados. Sin embargo, los responsables tendrían más de sicarios del
narcotráfico, a semejanza de los asesinos de dos magistrados, uno en Lima y
otro en Chimbote. El Ministro de Defensa anuncia la captura de los asesinos,
pero la Ministra del Interior aclara que se trata sólo de sospechosos.
Una nueva norma permite a las autoridades crucial injerencia en las ONG,
mientras se hace pública una costosa operación a cargo de más de veinte
personas con filmadoras, computadoras y vehículos, para vigilar al padre
Marco Arana y los demás trabajadores de Grufides. Otros líderes campesinos,
profesionales y religiosos con discrepancias frente a la actividad minera
sufren situaciones parecidas de seguimiento personal y hostilización en
Piura, Cajamarca y La Libertad.
La Municipalidad de Magdalena emite la Ordenanza 292 que dispone el retiro
de la licencia de funcionamiento de los locales racistas. Ese mismo día, la
Marina de Guerra sanciona a dos de sus integrantes por insultar a un grupo
de campesinos ayacuchanos en el Congreso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una contundente sentencia
en el caso La Cantuta. Si el Perú se retira de la jurisdicción de la Corte,
como sucedería de restaurarse la pena de muerte, los peruanos quedarán
desprotegidos frente a muchos abusos.
Comienzan las reuniones de coordinación entre los nuevos Presidentes
Regionales, en su mayoría líderes de reconocida trayectoria local. Ellos
podrían convertirse en un efectivo contrapeso frente al régimen aprista,
duramente golpeado por los últimos resultados electorales, y al poder de las
empresas extractivas. Hablando de éstas, el tiempo dirá si el aporte
extraordinario de las grandes transnacionales mineras permite enfrentar
decididamente la exclusión social o si, como el canon minero, termina sólo
generando retórica y frustración.
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Comunicado del FPMR de Chile ante la detención de Guillermo Bermejo
Guillermo Bermejo, dirigente del
Movimiento Todas las Voces del Perú.
Una vez más Alan García el lacayo del imperialismo en el Perú reprime a las
organizaciones populares y sus dirigentes. La noche del 29 de diciembre del
2006 la policía tras un montaje bien urdido detiene al destacado dirigente
del Movimiento Todas las Voces, Guillermo Bermejo, movimiento dedicado al
trabajo social con los campesinos cocaleros.
Bermejo es acusado de terrorista y de preparar "futuros" atentados
dinamiteros, como prueba de esto las mentes fascistas del APRA indican haber
encontrado "documentos, afiches y libros sospechosos" argumentos bien
conocidos para nosotros en la época del Tirano Pinochet. Otra pruebaque
presentan el gobierno y la prensa oficialista de la preparación militar de
Bermejo es la absurda idea que habría sido adiestrado para estas tareas en
octubre del 2006 en el Encuentro realizado en Santiago de Chile por el FPMR.
En el marco de este montaje, Alan García incluso se da el lujo de amenazar a
todo el movimiento revolucionario del continente indicando que “seria
partidario de detener a todos los asistentes del Encuentro Cono Sur”.
Ante la infamia represiva que trae en sus genes el Partido Aprista de Alan
García, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile señala lo siguiente:
-Que el Compañero Guillermo Bermejo efectivamente participó como Expositor
con el tema “Realidad Política del Perú” en el Encuentro "Perspectivas de la
Lucha Revolucionaria en América Latina" realizado en nuestro país. Cuyo
encuentro fue una actividad pública donde participaron más de 2500
asistentes y tuvo plena apertura a toda la prensa nacional e internacional,
incluso fue permitida por el gobierno de Michelle Bachelet de Chile homologo
del peruano.
-Exigimos la inmediata libertad del compañero Bermejo, dirigente social
destacado en su lucha por las causas de los campesinos peruanos y contra el
TLC firmado por los vende patrias de los gobiernos neoliberales del Perú.
-Que tras esta acción contra los hermanos del Perú, se oculta en realidad la
intención de golpear el movimiento popular peruano que se rearticula con
gran fuerza contra las políticas neoliberales y neo-coloniales de los
títeres Aprista actualmente en el gobierno.
-Llamamos a todas las organizaciones políticas populares del continente, en
especial a las participantes del ENCUENTRO CONO SUR a mostrar con acciones
de protestas el rechazo de la detención de nuestro hermano.
-Finalmente, indicamos que ninguna acción de ningún gobierno subordinado a
los intereses imperialistas, aplacará la clara intención de construir una
patria mejor y más justa en nuestra América.
Dirección Nacional
Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile
30 de diciembre de 2006
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