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@DIN, 7 de
diciembre de 2006 - Los comandantes de los escuadrones paramilitares
colombianos de ultraderecha rompieron este miércoles, en forma unilateral,
el diálogo con el gobierno, después de que se declararon "traicionados", al
ordenarse su traslado de prisión.
"Le notificamos directamente al señor comisionado de paz que este proceso se
da por terminado", dijo a la televisión Iván Roberto Duque, uno de los ex
jefes de los escuadrones paramilitares, desde la cárcel de alta seguridad de
Itaguí, donde permanece confinado con otros 58 antiguos jefes.
La notificación sobre la ruptura se produjo durante un encuentro del alto
comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, con los ex comandantes
paramilitares.
Los cabecillas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
decidieron dar por concluido el diálogo con el gobierno y reiteraron su
intención de "contar toda la verdad al país" sobre su accionar criminal.
El vocero de las AUC y uno de sus comandantes, Ernesto Báez, desestimó
hablar de una ruptura del proceso, iniciado en diciembre de 2002 y mediante
el cual -según el gobierno- se logró la desmovilización de más de 31 mil de
sus integrantes.
Prefiero utilizar mejor la expresión de "dar por concluido ese mecanismo" y
dejar en libertad a quienes entregaron las armas a tomar la decisión que
estimen pertinente, advirtió.
Al parecer, los 59 cabecillas de las AUC adoptaron esa postura, al
considerar que el gobierno incumplió los acuerdos pactados con ellos antes
de comenzar la entrega de las armas.
La gota que rebasó la copa podría ser la orden presidencial de trasladarlos
del centro recreativo La Ceja, donde estaban recluidos en espera de ser
juzgados, a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Hablarán los paras
Asimismo, Báez insistió en que todos los ex comandantes paramilitares están
dispuestos a revelar sus nexos con políticos, empresarios, ganaderos,
terratenientes, militares y demás personas que ayudaron y se relacionaron
con ellos durante más de 20 años.
Los grupos paramilitares de extrema derecha surgieron en la década de los 80
del siglo pasado al amparo de las autoridades oficiales, hombres de dinero
del agro colombiano y algunos sectores militares, como contrapartida de las
fuerzas guerrilleras.
La crisis entre las AUC y el gobierno fue vaticinada por el jefe de la
misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el
argentino Sergio Caramagna, tras una reunión de los jefes paramilitares con
representantes del gobierno.
El funcionario de la OEA aseguró que el diálogo con el gobierno atraviesa
uno de sus peores momentos y no descartó que los diálogos se congelen
unilateralmente por parte de los paramilitares.
Caramagna manifestó su preocupación por un rompimiento con la Ley Justicia y
Paz, porque -indicó- eso podría generar un escenario de impredecibles
consecuencias.
Hasta ahora se desconoce la respuesta del gobierno a la decisión unilateral
de los jefes paramilitares, recluidos en la cárcel de máxima seguridad de
Itagüí, en el noroeste departamento de Antioquia.
Incertidumbre
"Un proceso donde no hay confianza, un proceso donde medien los engaños, los
incumplimientos, la falta de compromisos y un proceso que se mueve de
acuerdo con las coyunturas políticas del país, no puede de ninguna manera
asegurar la paz", sostuvo el comandante paramilitar Duque.
No quedó claro de inmediato cuál será el efecto de la ruptura del diálogo
con el gobierno, debido a que los escuadrones criminales de ultraderecha
dijeron desmontar sus estructuras militares y se había anunciado que "más de
31.000 de sus combatientes entregaron las armas".
La ruptura del proceso se produce en medio del escándalo político que sacude
a Colombia por los nexos de diputados con los escuadrones criminales de
ultraderecha. Estos surgieron en la década de 1980 con el apoyo de
ganaderos, comerciantes y terratenientes que financiaron esta fuerza contra
los reclamos de campesinos más humildes y trabajadores colombianos.
El ministro del Interior, Carlos Holguín, negó que el gobierno haya
incumplido los acuerdos, mientras que la oficina del alto comisionado
anunció que pese a la decisión de los ex paramilitares se les aplicará una
ley que se acordó en el proceso y que establece una sentencia máxima de ocho
años de prisión.
Traslados enfurecieron a paras
La mayoría de antiguos líderes de esos grupos están acusados de asesinatos,
masacres, secuestros y torturas, por lo que grupos de derechos humanos
sostienen que la legislación que se acordó es demasiado benévola y frágil.
Los comandantes paramilitares permanecían confinados en un lugar especial y
gozaban de privilegios como teléfonos móviles, dormitorios con televisión
vía satélite, nevera, ordenador y acceso a internet.
Pero con el traslado, que el gobierno justificó en un posible plan de fuga y
en presuntas actividades ilegales de algunos de los internos -negadas por
ellos-, perdieron todos esos beneficios.
Luego de que Ernesto Báez, vocero político de las Autodefensas, dio a
conocer anoche la decisión de dar por terminado el diálogo con el Gobierno
Nacional, ante la falta de un acuerdo en la reunión con el alto comisionado
de paz, Luis Carlos Restrepo, celebrada en Itagüí, y tras la declaración del
Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien dijo que el diálogo con
el gobierno como tal ya terminó y sigue el proceso con la justicia, los
diálogos entre el Gobierno y las autodefensas quedaron en la más profunda
crisis que hasta el momento haya sufrido.
"El diálogo con el gobierno terminó"
Báez, declaró que "después de hacer una revisión minuciosa y clara y muy
consistente de lo que ha sido este largo y accidentado diálogo con el
gobierno, le notificamos directamente al señor comisionado de paz que este
proceso se termina".
Al respecto el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi,
aseguró que la única preocupación en el ejecutivo es la continuidad del
proceso, ya que los diálogos en su primera etapa terminaron. "La
preocupación es un problema personal porque ellos allá tienen todas las
garantías y todas las seguridades. La preocupación podría ser por la
continuidad del proceso", precisó el funcionario.
Y agregó que el diálogo con el gobierno en su etapa de negociación ya
terminó y que lo que sigue es el proceso judicial que está a cargo de la
justicia especializada de Justicia y Paz. “En el Consejo de Ministros pasado
se le dieron instrucciones muy precisas por parte del señor Presidente al
Alto Comisionado para ponerle todo el acelerador a los programas de
reinserción y de reintegración a la vida civil de los desmovilizados. Yo
creo que eso va a salir bien".
Insultos y amenazas
El diálogo entre el Gobierno y las Autodefensas entró este miércoles en una
de sus peores crisis, luego de que la reunión entre el alto comisionado para
la paz, Luis Carlos Restrepo y los jefes paramilitares recluidos en Itagüí
no arrojara conclusiones positivas.
Entre la 1:30 y las 4:30 de la tarde, Restrepo los jefes de las Autodefensas
y el Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, se desarrolló la
reunión, tal como lo había anunciado la Casa de Nariño. Pero las cosas no
salieron como se esperaba. El Comisionado, sin dar declaraciones, salió de
Itagüí rumbo a Bogotá.
Fuentes de Palacio revelaron a Colprensa que el encuentro fue todo, menos
amistoso. Insultos, amenazas y gritos dominaron la jornada. Al final, según
las versiones conocidas, los paramilitares amenazaron, directamente, con
romper el proceso.
Pero voceros de las Auc manifestaron que si bien había sido tenso, no llevó
a la amenaza de romper el proceso. Horas más tarde anunciaron el rompimiento
de todo.
"La crisis es importante": Caramagna
El jefe de misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sergio
Caramagna, le aseguró a Colprensa que "la crisis es importante" y por eso es
necesario "identificar los espacios necesarios para superarla".
Antes de conocer el comunicado de las Auc Caramagna dijo: "las crisis traen
distintos escenarios y no hay que descartar ninguno", aunque añadió que "lo
importante es que se están buscando salidas".
Señaló que la única salida es buscar la aplicación inmediata de la Ley de
Justicia y Paz. "Es el único camino que puede transitar este proceso tan
complejo, si se pone en peligro la aplicación, estaríamos en escenarios
complicados. La aceptación de la aplicación de esa norma es el camino para
resolver el tema, ojalá todos pongamos el esfuerzo en la misma dirección",
dijo Caramagna.
Sin embargo, dijo que estaba optimista en una salida positiva de la
complicada situación. "Siempre lo he sido, hasta en los momentos más
difíciles y no voy a cambiar mi opinión".
Días de zozobra
* 29 de noviembre: comenzaron los indicios de que algo andaba mal en el
diálogo con el gobierno cuando el presidente Álvaro Uribe señaló que los
jefes de las Auc, recluidos en ese momento en La Ceja, podrían estar detrás
de los asesinatos del segundo hombre de alias 'Jorge 40' y de 'Daniel', ex
integrante de la oficina de cobro de Envigado.
"Si hay razones de imputar a alguien de los que están en el diálogo con el
gobierno, yo asumiré la responsabilidad de enviar una carta a la justicia,
diciendo que esa persona ha perdido su condición de elegible en el diálogo
con el gobierno. Si además, algún imputado llegare a ser beneficiario de la
suspensión de extradición, yo asumiré la responsabilidad de levantar la
suspensión de extradición", dijo Uribe.
* 1 de diciembre: el Jefe de Estado ordenó el traslado de los desmovilizados
a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en lo que los jefes 'paras'
consideraron "una traición". Pero el Gobierno negó que la decisión hubiera
sido motivada por la participación en asesinatos, sin ante los rumores sobre
un posible intento de fuga.
* 4 de diciembre: "es mucho mejor para un diálogo con el gobierno la
seguridad que, después de estar avisado el gobierno así fuera sobre indicios
no probados, se hubiera presentado una fuga", señaló el Presidente.
* 5 de diciembre: el desmovilizado jefe paramilitar Salvatore Mancuso
aseguró que "eso (el traslado) no fue lo que pactamos, se pactaron
condiciones de dignidad y en circunstancias de máxima seguridad los
regímenes de dignidad no se respetan".
* 6 de diciembre: la respuesta del Gobierno fue un encuentro cara a cara en
Itagüí que al final, más que limar asperezas, las acentuó. Ahora, el proceso
afronta una de las mayores incertidumbres desde su inicio.
Versiones libres, otro problema
Pero el traslado no es el único lío para el proceso, pues también causó
incertidumbre el choque entre el Gobierno y la Fiscalía por la demora en las
versiones libres contempladas en la Ley de Justicia y Paz.
"En abril, 2.600 miembros de las Autodefensas que firmaron el sometimiento a
la ley de Justicia y Paz estaban dispuestos a rendir versión libre y no fue
posible recibírselas. Como se trata de un acto de voluntad no se mantiene
eternamente. Han pasado los meses y seguimos enredados en los
procedimientos", señaló el Comisionado.
Pero el coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis
González, negó la versión de Restrepo y respondió que no es cierto que los
términos para judicializar a los paramilitares recluidos en Itagüí estén a
punto de vencerse. Incluso, afirmó que las audiencias comenzarán el próximo
14 de diciembre en Barranquilla. Y el primero será Salvatore Mancuso.
"La lista que nos remitieron tenía consignados los nombres y las cédulas de
los postulados enviados por el gobierno. Muchos de los postulados carecían
de antecedentes y no fueron reconocidos por nadie. La Fiscalía inició una
investigación en la que ni siquiera los pudo ubicar, lo que ocasionó un
desgaste judicial", dijo González.
Los antiguos comandantes de esos escuadrones anunciaron que están dispuestos
a revelar ante la justicia los nexos que tuvieron políticos, empresarios y
otros sectores con los paramilitares.
Colombia afronta un sangriento conflicto interno de más de cuatro décadas,
en el que los paramilitares cometieron miles de asesinatos y crímenes en
medio de su "guerra contra la guerrilla izquierdista". En esa empresa
desalojaron a miles de campesinos de varias regiones del país donde
consolidaron dominios militares y políticos. Organizmos de Derechos Humanos
han denunciado que los paramilitares colombianos -que manejan armas de alta
tecnología militar- fueron financiados -además de capitalistas locales- por
la CIA y el gobierno de los Estados Unidos.
Opinión
Cinco falacias en proceso con paramilitares en Colombia
Javier Giraldo M. , S.J.
Lunes 7 de marzo de 2005
Desde el comienzo del gobierno del Presidente Uribe se vienen adelantando en
Colombia diálogos con los grupos paramilitares que se presentan ante la
nación y ante el mundo con ropajes que no corresponden a su verdadera
naturaleza, dando lugar a falacias de lenguaje que es necesario sacar a la
luz.
1. Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACIÓN POLÍTICA, pero no lo
es.
Toda negociación política exige como requisito básico la existencia de dos
posiciones antagónicas o al menos diferenciables.
Si se trata de grupos, organizaciones o franjas de población que reclaman
una negociación con un gobierno o con un Estado, se presupone que entre esos
grupos y el gobierno o el Estado en cuestión se dan diferencias
fundamentales sobre los principios o sobre las prácticas políticas. Si no
existen esas diferencias carece de lógica un proceso de negociación.
Quien haga un rastreo histórico sobre el pensamiento y las directrices para
la acción de las fuerzas armadas o de seguridad del Estado colombiano y las
de los paramilitares, no encontrará diferencia alguna importante. Se percibe
un enemigo común; un mismo modelo social defendido; una misma doctrina que
es la llamada de “seguridad nacional”; unas mismas prácticas represivas; una
solidaridad de cuerpo entre ambas fuerzas; un mismo discurso legitimador del
sistema vigente; unos mismos mecanismos de impunidad; una misma apología del
accionar armado y de la participación de la población civil en el mismo;
unos mismos parámetros de estigmatización de los movimientos sociales y de
las ideologías políticas no capitalistas, así como una coordinación,
combinación y distribución de acciones legales e ilegales con miras a que
sirvan a una misma causa.
Esto explica que una de las primeras medidas preparatorias de este proceso,
que se ha presentado como de “negociación política”, fue la de modificar la
Ley 418 de 1997 y suprimir en la nueva Ley (782 de 2002) el requisito
enunciado en muchos artículos de la anterior ley, según el cual, para
entablar conversaciones y diálogos con alguna organización armada, el
gobierno debía reconocerle previamente “carácter político” (Ej.: art. 8, a.,
b., parágrafo 1, parágrafo 2; art. 11; art. 50; art. 51; art. 65, etc.).
Dicho CARÁCTER POLÍTICO, que se basa en la defensa de principios y prácticas
relativos a la orientación del Estado de manera opuesta al régimen vigente y
en aspectos que toquen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
o culturales, individuales o colectivos, de quienes integran la nación, es
lo que en último término define lo que es una insurgencia armada. Por ello
es también revelador que el Gobierno del Presidente Uribe se empeñe en negar
la existencia de un conflicto armado en Colombia, con el fin de no tener que
considerar siquiera una solución política y negociada con el verdadero polo
insurgente que defiende principios y prácticas políticas opuestas a las
suyas. Prefiere moverse en un discurso donde las únicas fuerzas políticas
con las cuales es dable negociar sean las que defienden su mismo modelo
social y donde las que defienden otro modelo sean excluidas de toda
posibilidad de diálogo o negociación.
2. Dichos diálogos son presentados como una NEGOCIACIÓN DE PAZ, pero no lo
es.
La base lógica de una negociación de paz es el reconocimiento de un
conflicto que enfrenta a fuerzas opuestas que luchan cada una por la defensa
de su causa. Por ello se dice que la paz se negocia solamente entre enemigos
y jamás entre amigos.
Lo afirmado anteriormente en relación con los principios y prácticas que ha
defendido el paramilitarismo colombiano en sus más de 40 años de historia,
es suficiente para concluir que no se da una oposición entre el
paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Por lo
tanto, carece de lógica hablar de “diálogo con el gobierno” entre gobierno y
paramilitares, pues nunca ha habido guerra entre esas dos fuerzas.
Si bien en los últimos meses se ha vuelto frecuente que los mass media
registren enfrentamientos entre las fuerzas armadas del Estado y grupos
paramilitares, e incluso se den estadísticas de “bajas” (muertes, capturas y
deserciones) en el paramilitarismo causadas por agentes del Estado, no se
trata, sin embargo, de un enfrentamiento real y de principios entre esas dos
fuerzas. En efecto, no se persigue a la dirigencia paramilitar; tampoco a
los paramilitares que la población denuncia; en muchos casos los “dados de
baja” no son paramilitares sino campesinos o pobladores cuyos cadáveres se
hacen aparecer como de “paramilitares”; en muchos casos se ha comprobado que
se dan acuerdos entre oficiales de las fuerzas armadas del Estado y
comandantes paramilitares para “dar de baja” a paramilitares de bajo rango
que se han vuelto insubordinados o problemáticos, haciéndolos aparecer como
blancos de una persecución oficial.
3. Dichos diálogos son presentados como un PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN, pero
no lo es.
Como efecto de las numerosas ceremonias de “desmovilización de
paramilitares” que se han sucedido desde noviembre de 2003 (iniciadas por la
“desmovilización del Bloque Cacique Nutibara” en Medellín, en noviembre de
2003), no se han desintegrado las estructuras paramilitares, ni ha cesado el
control de los territorios que antes tenían, ni la relación de obediencia a
sus jefes, ni la apología de las “autodefensas”, ni el proselitismo
paramilitar, ni las campañas de proyección política del paramilitarismo como
anticipo de las campañas electorales.
Hoy día el paramilitarismo representa un poderío económico creciente que
impulsa numerosas empresas rentables y mueve sumas exorbitantes de dineros,
muchos de ellos “mal habidos” en procesos de legalización, a la vez que
proyecta y planifica el control de los próximos debates electorales con
miras a eliminar toda competencia mediante las más diversas formas de
intimidación.
En los mismos documentos públicos con los cuales se inició el “diálogo” con
el gobierno (noviembre de 2002) no se hablaba de desmovilización sino que se
registraba la complacencia con el gobierno del Presidente Uribe al cual
están dispuestos a devolverle el papel de Estado que han estado ejerciendo
en muchas regiones, no para desaparecer como fuerza sino para integrarse a
los proyectos del Estado y participar con él en el control de los
territorios que han estado bajo su dominio.
Quien se movilice por las zonas de conflicto que cubren casi todo el
territorio nacional, puede comprobar que los retenes paramilitares no se han
desmontado y que la relación con la fuerza pública continúa siendo tan
evidente como antes.
4. Dichos diálogos son presentados como un proceso de DESMONTE DEL
PARAMILITARISMO, pero no lo es.
El paramilitarismo tiene un principio rector que consiste en desdibujar las
fronteras entre lo civil y lo militar y crear una zona gris donde nunca esté
claro dónde comienza la acción armada del Estado y dónde termina la acción
desarmada de los civiles. Desde su primer origen el paramilitarismo ha
buscado involucrar a la población civil en la guerra, ya como combatientes
que incursionan en campos vedados por el Derecho a los agentes del Estado,
ya como blanco de la acción bélica de un Estado que no persigue propiamente
a insurgentes armados sino a disidentes políticos y a incómodos líderes
sociales.
En lugar de terminar con esa zona gris, el gobierno del Presidente Uribe la
ha ampliado de manera exorbitante, creando nuevos campos de grandes
proporciones en donde los civiles podrán involucrarse en la guerra, ya como
informantes, ya como cooperantes, ya como soldados campesinos que rompen
todos los cánones tradicionales de la imparcialidad e independencia que las
tradiciones democráticas les fijaron a los hombres de armas del Estado, para
involucrarse en la defensa emocional de sus familias y comunidades que han
tomado partido dentro de la guerra. De otra parte, el cambio de estatuto
legal de las cada vez más numerosas empresas privadas de seguridad,
convertidas en apéndices de la fuerza pública (Decreto 3222/02), ha
incrementado aún más la zona gris que elimina los perfiles de lo civil y lo
militar para confundirlos en un conflicto envolvente en el cual solo un polo
cívicomilitar monopoliza toda posible legitimidad y autoriza a demonizar a
un adversario concebido también como cívico militar, desconociendo sus
derechos y justificando toda forma de exterminio del mismo.
Una observación rigurosa de este proceso con los paramilitares llevaría a
denominarlo más bien como un proceso de legalización del paramilitarismo,
toda vez que se han ido abriendo más y más espacios “legales” para que los
civiles se involucren en la guerra fortaleciendo el polo bélico estatal.
5. Dichos diálogos son presentados como un proceso de SUPERACIÓN DE LA
IMPUNIDAD, pero no lo es.
Tanto el Presidente Uribe como el Vicepresidente Santos, el Alto Comisionado
para la Paz y otros altos funcionarios del Estado, han venido defendiendo
públicamente la necesidad de sacrificar en gran parte las exigencias de
justicia frente a los crímenes de los paramilitares, sacrificio que se
justifica, según ellos, para poder obtener como contraprestación “la paz”.
Esto implica un sofisma, como se vio antes, ya que el proceso no conduce a
la paz, puesto que no se está negociando con enemigos sino con amigos.
El sacrificio de la justicia que se demanda se ha ido concretando desde hace
muchos meses en diversas propuestas que incluyen indultos y amnistías,
rebajas de penas, eliminación de la pena de prisión o la posibilidad de
convertir en prisión simbólica los mismos territorios de dominio
paramilitar; el establecimiento de blandas sanciones políticas o
contribuciones a modalidades de reparación como substitutivas de las penas
contempladas en la ley. Todo esto ha suscitado un profundo debate ético y
jurídico, a nivel nacional e internacional, toda vez que los crímenes que se
propone substraer a la justicia son crímenes horrendos que tienen carácter
de crímenes internacionales y han lesionado a la humanidad como tal. Además
quebrarían uno de los principios rectores de la Constitución, como es el de
la igualdad de los ciudadanos ante la ley, dando lugar a efectos tan
repugnantes como el hecho de que un pobre que cometa atracos para sobrevivir
tenga una pena mucho mayor que la de un paramilitar que ha participado en
genocidios, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos y torturas.
Las experiencias de pretendida “desmovilización” de paramilitares que se han
dado en este gobierno, evidencian otra de las trampas de la impunidad:
mientras la Fiscalía promete investigar a cada desmovilizado y estudiar sus
antecedentes, solo cruza sus nombres con los listados de sindicados o
condenados registrados en la base de datos de la Dirección General de
Fiscalías, sin tener en cuenta que una de las tácticas de los paramilitares,
que corresponde al diseño del modelo desde sus inicios, consiste en no
utilizar el nombre ni el documento de identidad propios, substituyéndolo por
un “alias” que además se cambia con frecuencia. Esto explica que la inmensa
mayoría de ellos aparezcan con su hoja de vida “limpia” en los archivos de
la justicia, exceptuando a los comandantes ampliamente conocidos, para los
cuales han operado otras formas de impunidad: se les ha permitido actuar por
décadas a la vista de todo el mundo, amparados por la “ceguera voluntaria”
de todos los poderes del Estado, cuidando de que la “justicia no los toque”.
En lo que se refiere a la impunidad de los agentes del Estado que han hecho
posibles o han inducido, impulsado o dirigido el accionar paramilitar, los
mecanismos de impunidad han pasado por el no registro de las armas,
uniformes o vituallas entregadas a los paramilitares así como de la
información referida a esas relaciones.
Por otra parte la Fiscalía se ha negado reiteradamente a investigar los
crímenes de lesa humanidad teniendo en cuenta sus notas típicas y
esenciales, entre las cuales está su carácter sistemático, el cual exige
decretar la conexidad e investigar las estructuras e instituciones en las
que se apoya dicha sistematicidad. Y mientras los crímenes “se investigan”,
por parte de la Fiscalía, como delitos aislados e inconexos, para que no se
puedan tipificar como crímenes de lesa humanidad, se les somete a mecanismos
probatorios de antemano destinados al “archivo” o la “preclusión”, dado que
se hace descansar la carga de la prueba sobre las víctimas y su entorno
social, haciendo caso omiso de su situación de amordazadas por el terror,
sometidas como están a un paramilitarismo protegido por el Estado que
controla todos los espacios de su vida y que sanciona con pena de muerte o
de destierro toda denuncia.
Todas estas prácticas impiden que se pueda hablar de un proceso de
superación de la impunidad de los crímenes de los paramilitares.
El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son
imprescriptibles; que no son indultables ni amnistiables; que si sus autores
no son juzgados en el país donde se encuentran debe aplicarse la
jurisdicción universal en cualquier otro país, el cual tiene derecho a
exigir su extradición para dicho procesamiento; que no admiten el eximente
de obediencia debida ni el del carácter de alto funcionario de Estado de sus
autores o cómplices.
Enfrentar el problema de la impunidad de los crímenes de los paramilitares
tiene unos REQUISITOS BÁSICOS. Si éstos no se dan, constituye un nuevo
engaño prometer una superación de la impunidad.
Esos REQUISITOS serían fundamentalmente los siguientes:
a) Antes de cualquier discusión sobre instrumentos legales que sirvan para
superar la impunidad, es necesario que la nación y la comunidad
internacional PERCIBAN UNA POSICIÓN DE PRINCIPIOS (ÉTICA Y POLÍTICA) EN LOS
AGENTES DEL GOBIERNO Y DEL ESTADO QUE TENGA CREDIBILIDAD, EN LA CUAL SE
EVIDENCIE SU DISTANCIA Y REPUDIO RESPECTO A LAS PRÁCTICAS CRIMINALES DE LOS
PARAMILITARES. Los instrumentos legales son instrumentos al servicio de
posiciones de principio y de convicciones. Desafortunadamente los últimos
meses abundan en manifestaciones de simpatía para con los paramilitares por
parte de altos funcionarios del Estado y en discursos que invitan a olvidar
sus horrores y a considerarlos más bien como víctimas o como héroes que
reclaman recompensas sociales. Todo esto se asocia a la consideración del
paramilitarismo como poder económico, político y militar en ascenso
vertiginoso, cuyo respaldo se anuncia como “necesario” en los próximos
debates electorales.
b) Un proceso de superación de la impunidad exige como condición “sine qua
non” UN SISTEMA JUDICIAL FIABLE, QUE DEMUESTRE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD,
ACATAMIENTO DE LA LEY Y MECANISMOS DE CONTROL. Desafortunadamente vamos en
contravía de esto y contamos más bien con un aparato judicial cada día más
corrupto y alejado de los principios universales de la administración de
justicia.
c) Un proceso de superación de la impunidad no puede iniciarse sin HABER
DESAMORDAZADO PRIMERO LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS. Desafortunadamente cada día
vamos más en contravía de esto, pues las víctimas tienen menos voz en la
medida en que los paramilitares, al amparo de su legalización, ejercen hoy
mayor control social en los territorios donde sembraron el terror.
d) Un proceso de superación de la impunidad exige unos MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LIBRES, HONESTOS Y AL SERVICIO DE LA VERDAD. Desafortunadamente
todo va en contravía de estos principios. La “autocensura” ha sido confesada
por los mismos directores de medios en encuestas anónimas. La simple
comparación cotidiana entre lo que se informa y lo que no se informa es
escandalosa, así como la selección de fuentes y de versiones.
e) Un proceso de superación de la impunidad necesita ENFOCAR LOS CRÍMENES
DESDE LOS FACTORES QUE LOS HAN HECHO POSIBLES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA NO
REPETICIÓN DE LOS MISMOS. Desafortunadamente el sistema judicial colombiano
se ha negado reiteradamente a investigar los crímenes de los agentes
directos e indirectos del Estado en cuanto crímenes de lesa humanidad,
violando los principios del Derecho Internacional Consuetudinario y los
tratados internacionales que protegen la dignidad humana.
Pasar por encima de requisitos tan elementales para superar la impunidad
equivale a engañar nuevamente a la nación y al mundo. Cuando se promete
construir piscinas y acueductos en un desierto sin fuente alguna de agua,
cualquiera cae en la cuenta del engaño. Pero a veces los espejismos
obnubilan las mentes y llevan a tomar las apariencias por realidades.
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