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@DIN, 9 de
enero de 2007 - Unas 350 familias fueron obligadas a desalojar terrenos de
fincas que habían ocupado y que el Gobierno -según informa hoy el diario
Prensa Libre- habría dado en concesión a la Compañía Guatemalteca de Níquel
(CGN), subsidaria de la empresa canadiense Skye Resources (SR). El desalojo
violento ocurría ayer en el Estor, Izabal, Guatemala, zona paradisíaca en el
área regada por el Río Dulce.
Edwin Perdomo informa en el mencionado diario que los campesinos reclaman la
propiedad de los inmuebles ubicados en los barrios La Pista y La Unión, y en
la aldea Chichipate, de El Estor. Varios señalaron que les fueron
escrituradas por el desaparecido Instituto Nacional de Transformación
Agraria (INTA). También los ambientalistas se habían opuesto a la
instalación de la explotación minera de Skye Resources, por considerar que
se arruinaría de un modo irremediable una de las zonas naturales más
hermosas del planeta.
Pío Chocoj, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, expresó que los campesinos
pelean una propiedad ancestral que les fue reconocida por el INTA.
En los violentos operativos de ayer participaron unos 800 integrantes de la
Policía Nacional Civil (PNC), apoyados por 150 soldados del Comando Naval
del Caribe.
Rafael Andrade Escobar, fiscal del Ministerio Público (MP), que estuvo a
cargo de la operación, informó que la orden la emitió el Juzgado de Primera
Instancia Penal y Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto
Barrios.
Cuadrillas de trabajadores de la CGN llevaron a cabo el desmantelamiento de
los ranchos que habían sido construidos por los humildes pobladores con
láminas plásticas y troncos de árboles.
Hasta ayer por la tarde habían sido retiradas unas 200 familias, que estaban
establecidas en terrenos ubicados en el barrio La Unión.
Rafael Andrade expuso que para antes de que terminara el día de ayer se
tenía programado el desalojo de otras 100 familias que permanecían en
terrenos del barrio La Pista y unas 40 en la aldea Chichipate.
En noviembre del 2006, alrededor de 200 campesinos fueron también
desalojados de un área en los barrios Esmeralda y Revolución, los cuales
también se mantienen en litigio.
Esto motivó enfrentamientos violentos entre campesinos y policías, pues para
defenderse de los ataques policiales los afectados montaron barricadas y
quemaron oficinas de la CGN y la casa de Rigoberto Chub Cucul, alcalde del
lugar, a quien señalan por estar a favor de la empresa minera.
En el operativo no estuvieron presentes personeros de CGN, y tampoco fue
posible localizarlos.
Cientos de familias Q'eqchí'es y campesinos pobres habían ocupado tierras
que luego fueron adjudicadas a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN),
subsidiaria de la canadiense Skye Resources (SR). Pero fueron atacadas con
violencia por las fuerzas de seguridad, que iniciaron los desalojos entre el
11 y 14 de noviembre de 2006. Los pobladores y organizaciones de Derechos
Humanos solicitan que se resuelva el litigio y legalidad de las tierras
incluidas en las licencias mineras, las cuales ocupan gran parte del
territorio del municipio de El Estor. Mientras tanto, Skye Resources busca
la manera de iniciar lo más rápido posible la entrada en operaciones del
proyecto minero Fénix.
Antecedentes del problema
El gobierno de Guatemala ha optado al parecer por apoyar la extracción y
comercialización del níquel y de los demás derivados minerales que se
encuentran en la margen norte del Lago de Izabal, efectuada por empresas
multinacionales. Además del problema de los campesinos, ONGs y opinión
pública se habían opuesto al proyecto minero, pues se considera más
importante para el país contar con toda el área de Río Dulce como una fuente
de ingresos turísticos, derivados de hacer todos los esfuerzos por mantener
esa zona fuera de las actividades de una industria que no sea la dedicada a
atender a quienes la visitan como consecuencia de su absoluta belleza.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) había emitido un dictamen
desfavorable a la idea de que las barcazas con níquel puedan pasar por el
río Dulce. Río Dulce y el Lago de Izabal constituyen una joya natural de
importancia mundial que debe ser cuidada en lo posible, afirman los
ciudadanos. "Esta debe ser la meta última, y cualquier proyecto industrial
que quiera ser puesto en práctica necesita girar alrededor de esa idea"
aseguran.
La razón principal para no estar de acuerdo con el criterio de convertir a
ese bello río en una vía fluvial industrial es bastante simple. Si se otorga
permiso a una compañía, se debe darlo a las demás, y entonces la belleza se
pierde, y con ella, las razones de los turistas para conocer el área.
Además de las consideraciones emotivas o ambientales, hay algunas muy
prácticas. Un ejemplo es que la zona tiene dos cuellos de botella: uno, en
la desembocadura del lago y el río, al frente del Castillo de San Felipe, y
la otra en la segunda curva de la parte montañosa del río, entre El Golfete
y Lívingston.
Allí simplemente es demasiado angosto para que puedan coexistir las grandes
barcazas con el mineral, las tiburoneras turísticas, los veleros y los
yates, así como los pequeños cayucos de pescadores. Por aparte, si estas
embarcaciones causan erosión en los muros del cañón del río, con mucha mayor
razón lo harán barcazas de cualquier tipo.
Otro motivo práctico lo constituye el hecho de que la actividad turística
tiene efectos multiplicadores mucho más amplios, porque de ésta se
benefician miles de personas, desde los grandes hoteles a las pequeñas
pensiones, pasando por artesanos, conductores, meseros y, en general, todos
aquellos a quienes la visita de un extranjero les representa algún tipo de
beneficio económico para sostener a sus familias.
Numerosos antecedentes de desalojos violentos
Entre los numerosos antecedentes de desalojos violentos por parte de la
policía guatemalteca, presentamos el de 400 campesinos indígenas que viven y
trabajan en la plantación de café de San José La Mocá, en el municipio de
Senahú, departamento de Alta Verapaz, fueron desalojados a la fuerza y viven
a la intemperie junto a una carretera cercana.
La mañana del 6 de abril, unos 200 agentes de policía y 80 soldados se
presentaron en la plantación para llevar a cabo el desalojo. Hubo diálogo y
negociaciones con la comunidad hasta aproximadamente mediodía, momento en
que la comunidad fue escoltada fuera de la propiedad. No hubo violencia.
Según los informes, la única fuente de agua está contaminada, y muchos están
cayendo enfermos y desarrollando enfermedades de piel. Muy pocos han
recibido atención médica; una ONG local llevó a 15 personas al hospital
durante el fin de semana del 8 y 9 de abril, y consiguió suministrarles una
pequeña cantidad de agua embotellada. La comunidad además ha visto cortada
su fuente de alimentos, pues ya no tiene acceso a la tierra en la que
cultivaba verduras; según los informes, algunas de las personas desalojadas
han empezado a mostrar señales de malnutrición.
Estos trabajadores agrarios forman parte de las 800 familias que llevan toda
su vida en la plantación. Mantienen una disputa laboral con los propietarios
de la plantación desde 2002, fecha en que se despidió a la mayoría de los
trabajadores al caer los precios del café. Vivían junto a un río en la
plantación, y allí tenían asignadas tierras para su propio cultivo. Esas
tierras se inundaron durante el huracán Stan, en octubre de 2005, y sus
casas y cosechas quedaron destruidas.
Al parecer, en noviembre de 2005 los propietarios de la plantación
ofrecieron a algunos de los trabajadores la propiedad de tierras en lugar
del dinero que les debían, sin especificar cuánta tierra recibiría cada
familia o dónde estaría situada. La comunidad ocupó una zona central de la
plantación para protestar y presionar a los propietarios para que se
resolviera la disputa laboral. Los propietarios acusaron a la comunidad de
ocupar la tierra ilegalmente y sus miembros fueron desalojados a la fuerza
el 1 de febrero. Éstos opusieron resistencia, y las fuerzas de seguridad
golpearon a algunos de ellos y usaron gas lacrimógeno. Se destruyeron y
quemaron los refugios temporales construidos por la comunidad, así como las
pertenencias que les quedaban y las nuevas cosechas. Al día siguiente, las
familias regresaron a la plantación y levantaron nuevos refugios.
Dos días después, cuatro miembros de la comunidad resultaron heridos por
disparos de los guardias de seguridad de la plantación cuando trataban de
recolectar agua. Los cuatro fueron al hospital, pero poco después se
ocultaron, ante el temor a ser detenidos. Manuel Federico Cu Bol, que
resultó herido en el abdomen, ha vuelto desde entonces al hospital para ser
sometido a cirugía. Gerardo Bol, Domingo Caal y Matías Chpe Tox también
sufrieron heridas de bala. Al parecer, también alguno de los guardias de
seguridad resultó herido en el incidente.
Guatemala es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y, por lo tanto, está obligado a garantizar que "los
desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin
vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos".
Los desalojos de campesinos en Guatemala
Amnesty internacional, luego de visitar el país para constatar las
violaciones a los Derechos Humanos, había advertido al gobierno guatemalteco
sobre la recurrencia de los desalojos violentos en este país. Al finalizar
una visita de dos semanas a Guatemala, Amnistía Internacional expresó honda
preocupación por las profundas irregularidades, violaciones a los derechos
humanos y el trato discriminatorio del que son objeto campesinos
guatemaltecos en el contexto de los procesos judiciales que culminan en
órdenes de desalojo.
En nota presentada el 26 de agosto de 2005, Amnesty solicita se modifique
esta política destructiva de su propia población que aplica el gobierno de
Guatemala. Con el título Guatemala: Suspensión de desalojos y verdadera
política agraria, claves para resolver los conflictos de tierra, a
continuación @DIN presenta los puntos principales que el gobierno
guatemalteco recibió y se comprometió a respetar, sin resultados visibles
hasta ahora:
Tras mantener reuniones con diversas autoridades guatemaltecas y
representantes de organizaciones de derechos humanos, campesinos y
propietarios de fincas, Amnistía Internacional urge al gobierno guatemalteco
a suspender los desalojos y ordenar una evaluación independiente de los que
se han efectuado desde su llegada al poder, con el fin de subsanar los
serios problemas jurídicos y abusos sistemáticos que se cometen en el cursos
de dichos desalojos.
Los problemas y abusos identificados por Amnistía Internacional durante su
visita a Guatemala incluyen:
Fallas en las operaciones de la Inspectoría de Trabajo para asegurar que los
salarios, indemnizaciones y prestaciones conforme a la ley sean pagadas
regularmente en todas las fincas de Guatemala.
Las fallas y retrasos en el tratamiento de demandas por pago de
prestaciones, las cuales motivan acciones de ocupación para apoyar los
reclamos.
La respuesta insuficiente del Ministerio Público -- frecuentemente una
aplicación mecánica, rápida, y sistemática de las figuras delictivas de
usurpación y usurpación agravada con las consiguientes órdenes de captura y
desalojo de cientos de familias de tierras que han ocupado con frecuencia
durante generaciones. Es preocupante que ni la letra ni el espíritu de la
convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo es tomada en
cuenta.
Indicios de que no se estudian con la debida diligencia requerida la validez
de reclamos de titilación incompleta o dudosa. En ciertos casos la
verificación por autoridades competentes de los terrenos disputados es
impedida por los propietarios de fincas y sin embargo las órdenes de
desalojo o lanzamiento son ejecutadas.
La relativa rapidez con la que se firman las órdenes de desalojo y de
captura, en contraste con la lentitud y periodos de prescripción mínimos
para hacer valer derechos de campesinos en recobrar prestaciones e
indemnizaciones. Esto apunta hacia un trato discriminatorio por el sistema
de administración de justicia.
Las quejas de los campesinos con respecto a la falta de atención e
investigación sobre sus denuncias de amenazas de muerte y otros actos de
intimidaciones por los propietarios de fincas o por sus empleados o agentes
de seguridad privada.
La destrucción de pertenencias, enseres domésticos e incendio de viviendas,
de manera casi sistemática en el contexto de los desalojos.
Estos hechos son hechos delictivos no contemplados en las órdenes de
desalojo firmadas por el Juez y suceden en ciertas ocasiones delante de
efectivos, a veces centenares, de la Policía delegada por el mismo Juez para
ejecutar la orden de desalojo. Otras autoridades presentes comprenden
representantes del ministerio público, y la Procuraduría de Derechos
Humanos. Existen en ciertos casos informes documentados de la participación
directa de la policía en el desmantelamiento involuntario y la quema de
hogares campesinos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, es personal
al servicio del propietario de la finca que llevan a cabo dicha destrucción
ante la mirada pasiva de la Policía y autoridades presentes.
Los informes de los delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos
detallando abusos durante el desalojo ante el Ministerio Publico no parecer
ser objeto de seguimiento por este ultimo. Parecería ser considerados como
actos “normales” conexos a los desalojos.
La escasez de intérpretes en los diferentes idiomas indígenas en las
diferentes instancias que conocen el conflicto lo que impide una
participación e información eficaces de los afectados, problema fundamental
reconocido por todas las partes.
Amnistía Internacional reconoce la importancia dada a los procesos de
mediación y conciliación para resolver los conflictos. Sin embargo, ve con
preocupación que dichos procesos sean en ocasiones interrumpidos por la
ejecución del desalojo, lo que conlleva el fin del dialogo y propicia la
aparición de violencia entre las partes.
Amnistía Internacional agradece la información recibida y apertura de las
autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con las
que se reunió en el curso de su visita.
Amnistía Internacional reconoce el deber y derecho de las autoridades
guatemaltecas de crear una institucionalidad funcional que respete
plenamente los preceptos constitucionales y normas internacionales
relacionados con los problemas agrarios, con el fin de prevenir y resolver
con apego a la justicia los conflictos agrarios, en beneficio de todos
aquellos que trabajan la tierra.
Finalmente Amnistía Internacional insta a las autoridades a desarrollar una
política agraria específica para prevenir y resolver los casos de
conflictividad agraria centrada en la protección y defensa de los derechos
humanos.
Durante su visita, los delegados de Amnistía Internacional visitaron varias
localidades del país y se entrevistaron con el Fiscal General de la
República, fiscales del Ministerio Público, Jueces, representantes del
Ministerio del Trabajo, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), de
COPREDEH y con funcionarios de CONTIERRA y FONTIERRA. La delegación también
mantuvo reuniones con representantes de organizaciones de campesinos,
propietarios de fincas, y campesinos desalojados o en instancia de ser
desalojados de tierras reclamadas como propias o baldías.
Amnesty reclama por
desalojos violentos
Guatemala es uno de los países donde se violan sistemáticamente los Derechos
Humanos, según Amnesty. Especialmente contra los campesinos e indígenas, la
política represiva no ha cesado de aplicarse de un modo brutal desde hacen
varios años.
El pasado 08 de julio de 2006, al menos una persona falleció y
aproximadamente 38 resultaron heridas en el contexto de un desalojo en San
José La Mocha, departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala. Según
información recibida por Amnistía Internacional, al menos 600 personas
desalojaron a 200 familias que ocupaban tierra en reclamo de sus
prestaciones laborales no pagadas desde 2002. Miguel Chen, de 75 años, murió
tras recibir heridas de bala.
Este desalojo fue el tercero que sufrieron los campesinos de San José La
Mocha. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han
denunciado la situación de violencia que viven campesinos e indígenas en
áreas rurales a causa de los conflictos de tierra desde que Oscar Berger
asumió la presidencia en 2004.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, por ejemplo, pidió en mayo
de 2006 que se investigaran los desalojos forzosos. "La continua resistencia
del gobierno a implementar verdaderas políticas agrarias y cesar los
desalojos forzosos resultará en más violencia, muertos y heridos," dijo
Sebastián Elgueta, de Amnistía Internacional.
Gran parte de la tensión actual alrededor de los conflictos de tierra se
aliviaría si el gobierno de Guatemala implementara los compromisos
adquiridos en los Acuerdos de Paz, incluyendo el desarrollo de una política
agraria incluyente para todos los sectores.
Amnistía llama a las autoridades a llevar a cabo una investigación
inmediata, efectiva e imparcial a los hechos sucedidos en San José La Mocha.
La organización también llama a las autoridades a velar por el bienestar de
la comunidad desalojada, recordando en particular sus obligaciones como
estado firmante del Convenio de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.
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