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@DIN, 10
de marzo de 2006 - En México no se puede llegar a conocer un informe sobre
la Guerra Sucia de los años 70, redactado por la FEMOSPP (Fiscalía Especial
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) ya que su autoridad
máxima, el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto intenta, según denuncias,
deformar y "depurar" el trabajo, elaborado durante más de un año por el
equipo especial de esa fiscalía. A pesar de que el informe está listo desde
el mes de diciembre, el fiscal especial ha dado largas hasta ahora a su
difusión, contestando con evasivas los requerimientos de la prensa. Invitado
por organismos de Derechos Humanos y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, el próximo lunes estará en la Argentina José Sotelo, quien dirigió
la investigación del Nunca Más mexicano. En esta edición de @DIN ofrecemos
una copia sin censura del estremecedor informe, completo, además de un
artículo especial sobre el tema.
A esto se suma que medio centenar de organizaciones no gubernamentales
entregaron esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
sesiona en Washington, un documento reprobatorio a la política de Derechos
Humanos del gobierno de México.
Entre otros puntos, el diagnóstico elaborado por la Red de Organismos
Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
cuestiona los límites "para cambiar la realidad del país" del Programa
Nacional de Derechos Humanos presentado por la administración Fox el 10 de
diciembre de 2004.
Particularmente, se indica que para el plan no se tomó en cuenta a la
sociedad civil; que a un año de su aplicación (en 2005), sus resultados no
tenían nada que ver con una política de Estado en materia de derechos
humanos, que las acciones que se destacaron ese año como parte de la
iniciativa federal sólo eran programas viejos "maquillados con un poco de
lenguaje de derechos humanos" y que su durabilidad se limita a este sexenio.
Incapacidad de fiscalía
Además, la red reporta a la CIDH "la incapacidad" de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos del Pasado "para garantizar justicia y verdad"
en la investigación y castigo de los responsables de "delitos de lesa
humanidad" durante la guerra sucia en México.
De acuerdo con las ONG que integran la red, entre las que se encuentran los
centros de derechos humanos Acción y Reflexión Laboral, Fray Bartolomé de
las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y de La
Montaña, Tlachinallan, esta deficiencia en la fiscalía -cuya transparencia y
su titular Ignacio Carrillo Prieto son cuestionados en el documento
difundido ayer- "evidencia uno de los rasgos característicos de la
transición mexicana: la denegación sistemática de la justicia para quienes
fueron víctimas de violaciones a derechos humanos en el régimen previo".
La actuación de la fiscalía y de Carrillo Prieto "ha consolidado la
impunidad", subraya el documento entregado en Washington por la secretaría
ejecutiva de la red encabezada por Édgar Cortés, ex director del Centro
Prodh, durante la 124 asamblea general de la CIDH.
"La impunidad en México se consolida sin que la alternancia partidista en el
Ejecutivo federal haya favorecido el acceso a la justicia para las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos", afirma el documento.
Pone en entredicho la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra Periodistas el pasado 15 de febrero, por sus
alcances.
"A pesar de que en los meses recientes la mayor parte de los homicidios de
periodistas han estado relacionados con sus investigaciones del
narcotráfico, la Fiscalía Especial no tendrá competencia para
investigarlos", alerta el informe de la red.
También condena rezagos y retrocesos en materia de derechos laborales en el
país, donde -reporta- se agudizó la precarización del empleo "y por primera
vez en la historia reciente la ocupación de actividades informales es mayor
a la del sector formal".
No obstante, el diagnóstico destaca que con el gobierno foxista hubo algunos
avances en materia de ratificación de instrumentos y "apertura" a los
mecanismos internacionales como la ratificación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional o el Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura o la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Funciones de la FEMOSPP
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)
fue creada con el propósito de cumplir con la recomendación 26/2001 de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras relacionadas para
investigar lo sucedido en los 532 casos de personas detenidas desaparecidas,
y "para dar una respuesta a la sociedad en torno a la acción del Estado
respecto a los movimientos estudiantiles y a los movimientos armados que
surgieron a finales de la década de 1960".
En la introducción a dicho informe, se indica que "el 30 de enero de 2002 la
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo
interpuesto por los ex líderes [del movimiento revolucionario] del 68,
ordenándoles a la PGR la integración de la investigación de la masacre de
Tlaltelolco, la cual le fue remitida a FEMOSPP al día siguiente.
Adicionalmente el 30 de abril de 2002 el Senado aprobó la Ley Federal de
Transparencia y acceso a la Información Pública, que permitió la entrega de
archivos de la SEGOB, SEDENA y DFS al AGN para su consulta".
Con este propósito se conformó un equipo de 27 miembros, compuesto por
sociólogos, periodistas, antropólogos y otros profesionales (semejante a la
CONADEP argentina), a quienes se encargó la tarea de encontrar los datos
definitivos sobre esta herida abierta que desde hace más de treinta años
continúa abierta en la sociedad mexicana.
"Al concluir esta investigación -dice el informe final de la FEMOSPP- se
constata que el Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió,
criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se
organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones
que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo,
al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El
combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales –que se
organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular-
se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que
culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática,
crímenes de guerra y genocidio –al intentar destruir a este sector de la
sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo".
El Informe aporta pruebas abrumadoras de tales crímenes, "por lo que no se
incurre en falta de objetividad si este trabajo -según sus autores-, al
presentar la sevicia que se tuvo en contra de quienes se atrevieron a pagar
el precio de lograr una sociedad más justa con su sufrimiento, su libertad y
su vida, se une al duelo de los que murieron, de los que siguen
desaparecidos, así como de sus familiares y de sus compañeros, haciendo
votos para ¡que esto no vuelva a suceder!"
Sin embargo, al ser concluido el Informe por la Comisión Especial, el Dr.
Ignacio Carrillo Prieto consideró al parecer que tenía una papa caliente en
las manos, y en vez de entregarlo oficialmente al Superior Gobierno, como
correspondía, decidió desarmar la comisión y someterlo a "revisiones".
El asunto se fue de las manos
La idea original era armar una versión histórica de los años de la Guerra
Sucia a la que, con toda intencionalidad, se le llamara el Libro blanco. Eso
fue, aparentemente, lo que hubiera deseado el fiscal especial Carrillo
Prieto. De acuerdo con su título, sería una versión "depurada" de los
sucedido con la represión a los movimientos sociales. Una versión, que
revelando "lo indispensable", en realidad escondiera las consecuencias de la
Guerra Sucia en México.
Pero los acontecimientos tomaron un rumbo distinto debido a la ética con que
abordaron su tarea los profesionales. Así fue como nació y creció el área de
investigación documental, que más tarde se encargaría de desarrollar el
informe que terminó siendo "incómodo".
El grupo de 27 personas se dio a la tarea de aprovechar todos los recursos
legales que le otorgaba la FEMOSPP para rescatar de los archivos la
información sobre una de las piezas que el fiscal se mostró renuente a
tocar: el papel del ejército contra la guerrilla en Guerrero y en general en
la Guerra Sucia.
"Cuando Carrillo Prieto se dio cuenta de la magnitud del trabajo y de los
contenidos de este informe" afirma un periodista mexicano, "en el que los
documentos del ejército mexicano hablaban sobre el más alto nivel de
responsabilidad de la institución en la desaparición de personas en
Guerrero, ya era demasiado tarde": el informe estaba hecho y quemaba en las
manos del fiscal como una papa caliente.
El hecho de que este equipo de trabajo hubiese desarrollado esta
investigación con la anuencia y dentro de la estructura de la FEMOSPP
legitima los resultados obtenidos por los investigadores.
A principios de enero de este 2006, el fiscal admitiría frente a algunos
medios que "sí, efectivamente, el informe o Libro blanco estaba próximo a
publicarse". Aseguró que el informe ya había sido enviado al presidente
Vicente Fox, "cuando en realidad hacía todo por detenerlo, limpiarlo, por
dejarlo blanco", de acuerdo con investigadores que solicitaron que su
identidad quedara bajo resguardo.
El informe nunca llegó a Vicente Fox, no por lo menos de parte del fiscal.
Al final, lo que realmente se vivió en la fiscalía fue una guerra de
acusaciones y de intentos por detener la difusión del documento.
Mientras el fiscal hacia todo por controlar los daños, algunos miembros del
equipo de investigación se protegían. Ante la eventual limpieza del informe,
el documento fue enviado a un grupo selecto: Carlos Montemayor, Carlos
Monsiváis, Elena Poniatowska, Rosario Ibarra de Piedra y a por lo menos un
organismo internacional: la Cruz Roja, en este caso para que se hiciera un
peritaje sobre los elementos que inculpan al ejército en delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra. De este informe también ha sido enterada la
representación de Human Rigths Watch, a cuyos representantes el fiscal no
recibió en su visita más reciente a México.
La Universidad George Washington, de Estados Unidos, ha publicado una copia
original de estos informes (que ofrecemos a los lectores de @DIN
especialmente) como reaseguro de que no se modifiquen aspectos
fundamentales.
De hecho, el fiscal no quiere saber nada del informe ni del equipo. Hace
unos días decidió romper toda relación y ordenó no pagarles los ocho meses
de salario que a la mayoría se les adeuda, e incluso ordenó impedirles el
paso a las oficinas de la Fiscalía, en Avenida Juárez 100, en el Centro del
DF.
Sobre la crisis en la fiscalía y el riesgo de que los miles de documentos
que se cosecharon en estos años terminen perdiéndose, se le ha informado ya
a la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación para
asegurar que, cuando menos, ante el final inminente de las tareas de la
FEMOSPP, se puedan rescatar los documentos.
Conflicto laboral en la FEMOSPP
Al menos 19 miembros del equipo que participó en la realización de este
informe han presentado una demanda laboral contra la FEMOSPP por despido y
adeudo de por lo menos ocho meses de salarios. En un boletín, los afectados
refieren que fueron contratados por la FEMOSPP para realizar tareas de
investigación documental en distintos archivos y hemerotecas y trabajo de
campo recabando testimonios, para con esa información elaborar un “Informe
sobre la verdad histórica de los crímenes cometidos por el Estado mexicano
durante los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como de la llamada
Guerra Sucia y el movimiento guerrillero en el estado de Guerrero”. En el
mismo documento precisan que el informe histórico a la sociedad fue
entregado en diciembre al fiscal.
Los demandantes: Agustín Evangelista, Alberto López Limón, Antonio Lozano
Flores, Carlos Rentería, Cecilia Cruz Xaxocoteco, César Soto, Claudia
Hernández Cuevas, Eduardo Núñez Negrete, Florencia Ruiz Mendoza, Giovani
Valtierra Gil, Héctor Luis Zaráuz López, José Luis Moreno Borbolla, José
Martínez Cruz, Luis Erik Martínez Flores, Marita Reyes Ramírez, Miguel
Barquera Medina, Pablo Martín Tasso, Rosa Mariana Ramírez García, Urania
Chavarría Decanini.
En respuesta, la oficina del fiscal, en un desplegado, reconoce que “desde
2004 la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado contó con un grupo de investigadores contratados bajo el régimen
de honorarios por servicios profesionales independientes, lo que concluyó el
31 de diciembre de 2005, con el objetivo de elaborar el Informe Histórico a
la Sociedad Mexicana”. Que luego de entregado el informe (el 15 de diciembre
de 2005), para el 31 de ese mes se venció la totalidad de los contratos.
Argumenta la FEMOSPP que desde noviembre se hizo del conocimiento del
coordinador del equipo, José Sotelo Marbán, que por ninguna circunstancia
podría comprometerse la celebración de contrato alguno, hasta en tanto no se
contara con el presupuesto autorizado, “habiendo sido advertido José Sotelo
que la inobservancia de lo anterior sería responsabilidad única y
exclusivamente de él”.
Un catálogo de horrores
Durante la llamada guerra sucia -entre 1970 y 1982-, el Ejército Mexicano y
las fuerzas de seguridad realizaron más de 15 mil detenciones ilegales de
disidentes políticos, la mayoría maltratados y vejados. Hay una lista de mil
421 casos de tortura documentados y los nombres de mil 650 personas que
fueron recluidas en cárceles clandestinas militares y policiacas, así como
de 100 más que fueron ejecutadas. A ellas se suman 797 denuncias por
desaparición forzada.
Estos datos aparecen en el informe de la Comisión por el Esclarecimiento de
la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y
Políticos del Pasado (FEMOSPP).
Los abusos y atropellos oficiales contra la población ocurrieron en casi
todo el país, aunque en Guerrero alcanzaron proporciones escandalosas. En
esos años tanto civiles inocentes como guerrilleros fueron asesinados o
"desaparecidos" por fuerzas militares y de seguridad.
Los crímenes detallados en el informe, fueron cometidos durante las
administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Alvarez
(1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Informe especial sobre la Guerra
Sucia en México
Desde aquí se puede bajar también, en formato pdf, el Informe Completo
efectuado por la FEMOSPP y la lista completa de desaparecidos (en formato
Excel). >>> CONTINUAR
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