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@DIN, 12 de
diciembre de 2006 - La Cámara Nacional de Casación argentina avaló una
pericia que calificó de "intencional" la voladura de la fábrica militar de
Río Tercero, en Córdoba, ocurrida durante el último gobierno de Carlos Menem
en la Argentina. En tanto el fiscal federal Carlos Stornelli apeló
sobreseimientos que beneficiaron a los militares acusados en este caso.
En la resolución, la sala II del máximo tribunal penal del país dejó firme
la pericia como prueba para la causa judicial, al rechazar un recurso que
pedía su nulidad, presentado por la defensa de militares imputados en esa
investigación.
Paralelamente, Stornelli apeló una decisión del conjuez de Río Cuarto, Diego
Estévez, quien el 5 de diciembre último sobreseyó a los seis militares por
considerar que "faltaban pruebas para calificar lo ocurrido como
intencional".
Stornelli pidió que se revoque ese fallo y reiteró que existen evidencias
contra los acusados, para demostrar que provocaron la voladura con la
intención de encubrir un faltante de armamento, a raíz del tráfico de armas
a Croacia y Ecuador en el menemismo.
En cuanto a la resolución de Casación, los camaristas Juan Fégoli, Pedro
David y Gustavo Mitchell entendieron que una pericia clave que concluyó que
la voladura de la Fábrica Militar en noviembre de 1995 fue provocada y no
accidental puede ser usada para impulsar la investigación y debatida en
juicio oral.
En un duro revés para los militares imputados, los jueces antepusieron el
"derecho a la verdad" de las víctimas y sus familiares -garantizado en
pactos internacionales- por sobre cualquier otro argumento procesal, según
difundió hoy la agencia Télam.
La decisión avaló la investigación que se realizaba por "estrago doloso
agravado por tráfico de armas" -delito que prevé hasta 20 años de cárcel-
contra Carlos Franke, Edberto Gonzalez de la Vega, Jorge Antonio Cornejo
Torino, Oscar Quiroga, Juan Carlos Villanueva y Marcelo Gatto.
"En este caso de gravedad institucional conocer la verdad es una expectativa
que el Estado debe satisfacer", entendió la Cámara al considerar que no hay
un daño irreversible para los eventuales acusados, quienes en todo caso
estarían en condiciones de rebatir esa pericia en un juicio oral.
Casación analizó la pericia luego que el 19 de diciembre de 2003 el tribunal
oral en lo criminal federal 2 de Córdoba suspendió la preparación del juicio
por la voladura y envió la causa nuevamente a la Justicia de instrucción.
Esta decisión se tomó debido a una pericia que el Tribunal encargó como
parte de la llamada instrucción suplementaria que se realiza en todo juicio
oral y que arrojó un resultado distinto a la acusación que pesaba entonces
sobre los militares, estrago culposo, es decir, no intencional.
El estudio concluyó que "no se encontró ninguna evidencia de que el fuego
pudiera haberse originado accidentalmente". La iniciación de la llama en un
tambor cargado con trotyl "se produjo por efecto programado utilizando
artefactos electrónicos existentes en el mercado como, por ejemplo, un
celular", detalló el estudio, entre otros puntos.
En el trabajo se advirtió que para volar la fábrica se usó un detonador y un
reforzador, con un "direccionamiento selectivo de la onda expansiva".
La Fábrica Militar de Río Tercero estalló el 3 de noviembre de 1995 y causó
7 muertos, centenares de heridos y arruinó para siempre la tranquila vida de
miles de familias en esa progresista localidad cordobesa, ubicada a 130
kilómetros de la capital provincial.
El fiscal cuestionó al juez
El fiscal federal Carlos Stornelli advirtió ayer que el juez cordobés Diego
Estévez hizo una "selectiva, parcial, arbitraria y hasta capciosa"
valoración de pruebas al sobreseer a seis militares imputados por la
voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero.
"El señor conjuez ha hecho una selectiva, parcial, arbitraria y hasta
capciosa valoración de las probanzas aquilatadas en la causa, lo que no
puede derivar en otra conclusión distinta de que el fallo es infundado",
sostuvo Stornelli.
En estos términos el fiscal federal porteño que fue designado para colaborar
en el impulso de esa causa en Córdoba apeló los sobreseimientos dictados por
Estevez el 5 de diciembre último.
Ese fallo benefició a los militares Carlos Franke, Edberto González de la
Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino, Oscar Quiroga, Juan Carlos Villanueva y
Marcelo Gatto, quienes habían sido indagados por "estrago doloso agravado
por tráfico de armas".
Estévez "usó métodos impropios de un proceso penal" y realizó una "torcida
valoración" de los hechos hasta concluir la falta de pruebas para procesar a
los imputados por haber provocado la voladura, según Stornelli.
En particular, el fiscal recordó que Torino era director de la fábrica y que
tanto él como su superior, el entonces director de Producción de
Fabricaciones Militares Carlos Franke "aparecieron en situaciones poco
claras".
Franke "ejercía el total dominio y control de las fábricas dependientes y
entre ellas, la de Río Tercero" donde "nada se hacía o se dejaba de hacer
sin su orden o conocimiento". Además, visitó la planta en septiembre de 1994
junto al intermediario e imputado en la causa por el tráfico de armas a
Croacia y Ecuador, Diego Palleros y un general croata, Vladimir Zacorec,
recordó el fiscal.
Además, Stornelli destacó que poco antes de la explosión se ordenaron
"movimientos" de tambores con explosivos y otros elementos con la excusa de
realizar una limpieza en la zona por una "supuesta visita importante".
El fiscal ratificó que la voladura fue provocada para ocultar un faltante de
armas como parte del tráfico de armas a Croacia y Ecuador cometido entre
1993 y 95, durante el gobierno de Carlos Menem.
"No encuentro motivos para excluir -como el fallo lo hace- la posibilidad de
que los imputados hubieran integrado una estructura criminal en cualquiera
de los grados de participación penalmente reprochables", consideró Stornelli.
Procesan a ex secretario
El ex secretario de Planificación del ministerio de Defensa, Guillermo
Etchechouri, fue procesado ayer por el juez en lo penal económico Rafael
Caputo en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, informó
hoy el diario Clarín.
Etchecouri fue procesado como partícipe necesario de contrabando agravado de
armas a Ecuador y Croacia, entre 1991 y 1995. El juez consideró que el ex
funcionario menemista tuvo en destacada actuación en la elaboración del
decreto presidencial secreto 103 de 1995 que tenía a Venezuela como destino
falso de las armas.
Además tuvo en cuenta una denuncia, según la cual, 300 mil dólares que
fueron depositados en una cuenta del Banco General de Negocios habrían sido
para el bolsillo del funcionario de Menem Guillermo Etchechouri.
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Stornelli calificó hoy como un
"disparate" y una "locura" el fallo que la semana pasada sobreseyó a los
seis imputados por la voladura de la guarnición militar cordobesa de Río
Tercero, y denostó al conjuez que adoptó esa decisión, Diego Estévez.
Stornelli denunció que el fallo mostró "un trabajo funcional a la impunidad"
y fue adoptado porque "al señor este (por el juez) no le gusta el resultado
de una pericia".
"Sin convocar a otros peritos ni llamar a consultores técnicos decidió que
la pericia no dice lo que dijo", insistió Stornelli, al aludir a un estudio
científico que señaló que la explosión no fue accidental sino intencional,
pero que el conjuez Estévez desestimó para dictar los sobreseimientos.
El conjuez "no tiene ninguna experiencia en derecho penal", recordó
Stornelli, situación ante la que señaló: "nos resultaba sugestivo que
aceptara esta tarea. Ahora sabemos para qué aceptó, para hacer esto".
Sin ocultar su "disconformidad" y su "indignación", Stornelli adelantó que
en las próximas horas presentará ante la Cámara Federal de Córdoba la
apelación contra la decisión de Estevez, y confió en que ese tribunal de
alzada "no puede dejar las cosas así".
En declaraciones a Radio América, el fiscal también denunció el "intercambio
de sonrisas y gestos de amabilidad entre el conjuez y las defensas" de los
militares ahora sobreseidos.
En ese contexto, denunció que el conjuez Estevez "se dedicó a perseguir y
procesar testigos, a sembrar dudas sobre lo que no merece dudas, a hacer un
trabajo de defensor, con la gravedad que esto implica".
"Este fallo es un disparate, una locura. Sólo una persona que aparece de la
nada y sin ningún costo puede hacer esto", concluyó Stornelli.
La única querellante había cuestionado el fallo
Ana Gritti, viuda de una de las víctimas de las detonaciones en la fábrica
militar, había repudiado oportunamente la decisión judicial que sobreseyó a
los seis militares imputados. También anticipó, en esa oportunidad, que iba
a apelar la medida. Además, denunció condicionamientos a la investigación
del siniestro.
La única querellante particular en la causa por las explosiones en la
Fábrica Militar de Río Tercero, Ana Gritti, en la que fueron sobreseídos
seis militares, cuestionó el fallo y denunció condicionamientos a la
investigación del siniestro.
"Hay una estructura de poder instalada en 1995 en el país y desde antes de
1995, que es la que sigue manejando los hilos de los responsables de esta
investigación", sostuvo Gritti, viuda de una de las siete víctimas de las
explosiones de noviembre de 1995.
La mujer, de profesión abogada, formuló declaraciones después que ayer se
conociera el resolución del conjuez federal de Río Cuarto, Diego Estévez, de
sobreseer a los seis militares imputados por "estrago doloso" por las
explosiones ocurridas hace once años.
La medida alcanza a los militares Jorge Cornejo Torino; Carlos Franke; Diego
Gatto; Oscar Quiroga; Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva,
quienes eran directivos de Fabricaciones Militares y de la fábrica de Río
Tercero.
Cornejo Torino era director de la fábrica al producirse las explosiones, en
tanto que González de la Vega era gerente de coordinación de Fabricaciones
Mitares y por 15 días, tras el siniestro, director de la planta de Río
Tercero.
Gritti anticipó: "Ibamos por más y vamos a ir por más responsabilidades
políticas, responsabilidades del Ejército. Esta primera resolución -dijo-
era imprescindible para ir por lo otro y eso no era ajeno al conjuez".
"Es una resolución que molesta y fastidia pero no es inesperada. La Justicia
argentina nos tiene acostumbrados a que en causas en las que los intereses
políticos y económicos son tan grandes, los fallos generalmente han sido
funcionales a los intereses en juego", juzgó la querellante.
En declaraciones a Radio Continental, Gritti agregó que "la sentencia del
juez ad hoc no tiene ningún fundamento sólido. Esto parece una sentencia
empezada con el `resuelvo’ y que después se buscó cómo armar los `considerandos",
refirió la querellante.
Gritti explicó que la pericia ordenada en 2003 por el Tribunal Oral Federal
"determinó" que las expresiones fueron "intencionales, preparadas y
programadas".
La abogada querellante Ana Gritti consideró oportunamente que el fallo del
juez Diego Estévez es un verdadero bochorno.
Señaló en tal sentido que “el fallo es vergonzoso y en 90 carillas resume
tomando cinco testimonios. El juez dijo que los peritos económicos y
químicos no aportaron detalles de contundencia para la causa”.
“Como profesional me siento con mucha vergüenza porque soy abogada y siento
vergüenza por la justicia argentina" dijo en oportunidad de emitirse el
fallo absolviendo a los militares imputados. "Hay inconvenientes y problemas
y cuando el pueblo se levanta es porque la paciencia se agota”, expresó
decepcionada.
Sostiene la querellante Ana Gritti que hubo acuerdos y presiones para con el
juez que consideró que se trató solo de un accidente, “porque los peritos
estuvieron un año trabajando con los expedientes y pruebas de laboratorio”.
Ana Gritti, que perdió a su esposo en las explosiones que se sucedieron por
48 horas, anunció em aquella oportunidad que apelaría el sobreseimiento de
los militares.
Antecedentes
¿Qué pasó entre las 10 de la noche del 2 de noviembre de 1995 y la madrugada
del 3, horas antes de que la Fabrica Militar de Río Tercero fuera volada?
¿Quiénes estaban en la planta de cargas en ese momento? Hoy se puede afirmar
que el escenario fue preparado o terminó de armarse en esa noche previa,
afirma la revista El Sur, de Río Cuarto, Córdoba, con la firma de su
periodista Fabián García.
Luis Lagos le dijo al conjuez Diego Estévez, el último martes de noviembre,
que los cañones Citer 155 eran del Ejército, que habían sido maquillados en
Río Tercero, y luego enviados a Croacia. Lagos junto a Norberto Callejas –ya
fallecido—, los dos operarios de la Fabrica Militar de Río Tercero (FMRT),
viajaron a los Balcanes a ajustar el funcionamiento de los cañones y
enseñarles a los croatas como manejarlos. El hombre que los hizo viajar
hasta ese país fue el traficante de armas Diego Palleros, el que vendió
armamento y proyectiles al Estado croata.
Argentina envió siete cargamentos a Croacia por vía marítima, por un monto
de entre 80 y 100 millones de dólares, aunque Fabricaciones Militares
reconoce oficialmente sólo la mitad de esa suma. Esas operaciones ilegales,
realizadas gracias a decretos --firmados por el entonces presidente Carlos
Menem, el ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el canciller, Domingo
Cavallo--, que falseaban el destino del material bélico, ocurrieron entre
1991 y 1995.
Todo indica que la causa armas terminará sumándose a la investigación de la
voladura de la Fabrica Militar de Río Tercero, porque fallecieron siete
personas y hubo más de 300 heridos. Esto lo convierte en el episodio más
grave de los dos. La vinculación entre un hecho y otro es muy fuerte: sin la
participación del Ejército y Río Tercero, no hubiera sido posible el tráfico
de material bélico. Es que los cañones y los proyectiles salieron de
batallones, regimientos y arsenales del Ejército, fueron reciclados o
actualizados en la fabrica cordobesa, y luego llevados al puerto para su
posterior embarque a Croacia. Al menos, funcionalmente, el Ejército, y
complementariamente la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),
estaban bajo la órbita del general Martín Balza, hoy embajador argentino en
Colombia. El militar es uno de los que está en la mira de la instrucción,
según afirman fuentes judiciales.
Según el Tribunal Oral Federal número 2, la voladura de la planta de cargas
–y probablemente los depósitos--, fue ejecutada a través de una serie de
explosiones organizadas, simultaneas y dirigidas. En consecuencia, no
pudieron haberla hecho otros que no fueran expertos militares. Sobre todo,
porque no hay un solo indicio, prueba, o versión en el expediente judicial,
ni en la causa armas que se tramita aún en Buenos Aires, ni en los
documentos de la Side que liberó el gobierno el año pasado, que indique la
presencia de agentes o personas de otro país que pudieran haber ejecutado un
atentado en Río Tercero.
El punto es determinar si se trató de un grupo autónomo o con cierta
independencia dentro de la estructura militar, o si por el contrario, fue
una acción institucional. De los elementos existentes hasta el momento en la
instrucción de las dos causas –la de Río Tercero y la de armas—no aparecen
todavía datos para concluir en uno u otro sentido. Pero sí puede observarse
el comportamiento, el 3 de noviembre de 1995, apenas llegaron a Río Tercero,
del presidente Carlos Menem, de Camilión y del mismo Balza. Menem dijo que
fue un accidente y reclamó a los periodistas no dudar de esa afirmación. A
su vez, Camilión, Balza, ni ningún militar o funcionario del Ministerio de
Defensa le preguntaron ese día, al segundo jefe de la unidad, a cargo de la
FMRT, el coronel Oscar Nicolás Quiroga, que había pasado allí. En cambio, el
Ministerio de Defensa aseguró que la explosión había sido accidental, y que
habían fallecido dos operarios que estaban manipulando un explosivo.
La punta del ovillo
Miguel Angel
Arias y Gustavo Javier Felici, dos policías que patrullaban en un móvil
policial vieron entre las 22.30 y las 23 del día 2, un Ford Falcon de color
clarito y una camioneta doble cabina como las que se usan en Fabricaciones
Militares. Los vehículos y algunas personas que los rodeaban estaban en
dirección a la planta de cargas. Se cree que el Falcon era de un ex empleado
de la fabrica, amigo personal de uno de los imputados. Más tarde, ya en la
madrugada, Jaquelín Fernández que no podía dormir, escuchó ruidos de
tambores y de un camión Mercedes Benz, en esa misma zona. La mujer que es
hija de un chapista, vivía muy cerca del perímetro de fabrica, en la primera
casa del barrio que está sobre la calle Arenales.
De ese mismo sitio, un suboficial enviado por el subdirector de la Fabrica,
Oscar Nicolás Quiroga, le pidió a las nueve y media de la noche, al
camionero Sergio Mointgallard que sacara su camión tanque de allí. Lo
llamativo es que el hombre durante años lo había dejado estacionado en el
mismo lugar y nunca nadie vestido con uniforme le había dicho absolutamente
nada.
El jefe de turno, el 2 de noviembre, era el mayor Marcelo Diego Gatto y el
de guardia, un capitán de apellido Blúa. Según se pudo comprobar a través de
decenas de testimonios, ingresar a la FMRT era imposible si no mediaba una
autorización militar. La conclusión es que quienes estaban aquella noche
allí, eran militares.
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