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@DIN, 13 de
enero de 2007 - Una de las agencias de espionaje del gobierno de los Estados
Unidos, la NSA, trabajó junto a los técnicos de Microsoft en la
implementación del sistema operativo que reemplaza al Windows XP. La NSA
despierta muchas suspicacias por sus "superpoderes", que le permiten
interceptar comunicaciones entre particulares de manera "legal" y
extrajudicial. La empresa de Bill Gates no es la primera que solicita esta
ayuda, se defendieron voceros de la gigantesca Microsoft.
Microsoft llamó a profesionales del espionaje para ayudar a "mejorar la
seguridad" del Windows Vista, indicó el diario norteamericano conservador
The Washington Post, en un artículo periodístico.
Si bien esta no es la primera vez que la empresa solicita la "ayuda" de un
servicio de seguridad secreto, es la primera vez que se reconoce
abiertamente la situación, "común también para otras firmas del sector",
según afirman los gerentes de Microsoft.
El Post indica que el trabajo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por
sus siglas en inglés) "tuvo que ver básicamente con la protección de los
equipos" frente a ataques de virus y otras amenazas informáticas.
La NSA, que se encarga del espionaje dentro de las fronteras de los EEUU,
dijo que su papel fue "colateral",aunque pusieron énfasis en la tarea ya que
ellos mismos y en oficinas como las del Departamento de Defensa utilizan en
sus equipos el sistema operativo de Microsoft.
Tony Sager, jefe de análisis de vulnerabilidades y del grupo de operaciones
de la NSA, dijo al Post que la intención de esta agencia era la de ayudar a
todo el mundo en todo lo posible.
Para probar el software, la NSA utilizó un equipo azul y otro rojo. El
segundo de ellos tenía como objetivo corromper o robar información como si
de un "adversario técnicamente competente y muy decidido" se tratase. “Ellos
hacían de chicos malos”, dijo Sager.
En tanto, el equipo azul trabajó junto a los administradores del
Departamento de Defensa con la configuración de Windows Vista.
Microsoft no es el único que trata de buscar este tipo de ayudas, dijeron
sus empleados. Apple con su MacOS X y Novell con su distribución SUSE Linux
también contactaron con la NSA para conocer la opinión de la agencia sobre
estos productos, según indica The Inquirer.
“Nosotros trabajamos con un número de agencias gubernamentales sobre la
seguridad del Mac OS X y colaboramos con la NSA en la guía de configuración
de seguridad”, dijo a través de un email al Post, Anuj Nayar, vocero de
Apple.
NSA puede interceptar comunicaciones
No es la primera vez que Microsoft colabora con los servicios secretos
estadounidenses para desarrollar un programa. Pero sí que es la primera que
lo reconoce abiertamente y, sobre todo, que una agencia gubernamental de
este tipo participa en el desarrollo de un programa antes de su lanzamiento.
Si se tiene en cuenta, además, que ese programa es el sistema operativo es
Windows Vista, que está llamado a ser el sucesor de XP y que sale a la calle
para el gran público el 30 de enero próximo, es inevitable que se despierten
las suspicacias sobre los motivos de esa colaboración. Así lo informaba en
sus artículos de esta semana el diario The Washington Post.
En Microsoft reconocen la participación de la NSA (la agencia de seguridad
nacional, encargada del espionaje dentro de las fronteras de EE UU), pero no
dan detalles más allá de que su papel ha sido clave en el diseño y la
construcción de las medidas de seguridad contra ataques maliciosos.
Desde la NSA se asegura que el papel de la agencia en ese desarrollo ha sido
secundario, y que en todo caso, detrás de esta participación está su propio
interés. Con cientos de miles de funcionarios del departamento de Defensa
utilizando Windows, protegerles a ellos es protegerse la seguridad nacional,
explican.
La NSA despierta muchas suspicacias en Estados Unidos por sus poderes, que
le permiten interceptar comunicaciones entre particulares de manera legal y
extrajudicial. Suspicacias que podrían multiplicarse en todo el mundo tras
este anuncio: la cuota de mercado global de los sistemas operativos de
Microsoft es del 90%."
EE.UU. podría intervenir Internet
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EEUU busca que las
conversaciones por Internet estén sujetas a la vigilancia de la policía y
los servicios de espionaje previa autorización judicial.
En estos momentos, la paranoia en Estados Unidos no tiene límites. Además de
reconocer que aumentaron el nivel de alerta con datos anteriores a los
atentados de las torres gemelas, ahora la Comisión Federal de Comunicaciones
(FCC) propuso un nuevo método de control: que las conversaciones por
Internet estén sujetas a la vigilancia de la policía y los servicios de
espionaje, previa autorización judicial.
De esta manera, los proveedores de servicios de la nueva tendencia en
comunicaciones, las llamadas por teléfono por Internet, conocidas como VoIP
(Voice over Internet Protocol), estarán sujetas a una ley federal de 1994
que permite a las autoridades un mayor acceso a las tecnologías de punta.
Esto quiere decir que el FBI y el Departamento de Justicia podrán investigar
aquellas conversaciones por Internet que “levanten sospechas”.
El Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y
otras agencias federales insisten en que el Gobierno les permita acceso
total a este tipo de telecomunicaciones, en aras de la seguridad nacional y
en un momento donde el miedo reina en el país del norte ante la posibilidad
de nuevos atentados.
Esta nueva regulación implicará un control casi total sobre todo lo que
circule a través de Internet. Pero los grupos que representan al sector
consideran que la regulación excesiva del Gobierno podría perjudicar a estos
servicios. Por otro lado, seguramente habrá protestas de los consumidores
por la clara invasión a la privacidad que presupone esta ley.
La reglamentación hecha por la FCC fue el primer paso formal en implementar
este nuevo tipo de control.
Los servicios VoIP ya se convirtieron en una tendencia global en el sector
de telecomunicaciones, y están siendo adoptadas por un creciente número de
empresas en Estados Unidos y se está planificando su uso en muchos países,
incluida Argentina y otros países de América Latina.
La compañía Comcast, por ejemplo, ha comenzado a ofrecer VoIP en tres
mercados de EEUU y piensa ampliarlo a toda su base de más de 1,2 millones de
clientes en todo el país.
Esta tecnología permite la transmisión rápida de llamadas telefónicas de la
misma forma en que se envían los correos electrónicos en Internet a través
de conexiones de banda ancha. Por ahora enfrenta dos limitaciones: el hecho
de que sólo funciona con conexiones de banda ancha y que todavía no es muy
conocido.
La tecnología ofrece también la ventaja de precios más bajos que las
llamadas a través de las líneas convencionales. Según las visiones de muchos
expertos en informática, de acá a 10 años la telefonía sobre Internet
reemplazará al servicio telefónico convencional.
EEUU vigila vida privada de los latinoamericanos
EPIC (Electronic Privacy Information Center ) a través de una solicitud de
acceso a la información descubrió contratos por más de 11 millones de
dólares, a través de los cuales, el INS y el Departamento de Justicia
solicitaban la adquisición de registros de votantes, registros nacionales,
licencias de conducir y otros listados de México, Colombia, Venezuela,
Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Venezuela se encuentra entre los países que están en la mira.
Todos los datos personales privados de innumerables personas en toda
Latinoamérica pueden estar en manos de otras personas del servicio de
espionaje de EEUU, sin saber qué uso le dará a éstos.
Eso puede estar sucediendo, ya que Venezuela y todos los países
latinoamericanos forman parte de una red de países cuyas bases de datos
integrados, con información privada de sus ciudadanos, podría haber sido
adquirida por la empresa estadounidense Choice Point, señalada de comprar
este tipo de información para luego venderla a las agencias de seguridad de
Estados Unidos.
Esta situación se puso al descubierto luego que el Electronic Privacy
Information Center - EPIC, grupo que opera desde Washington, demandó la
desclasificación de documentos concernientes a las relaciones del Servicio
de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (INS) con Choice Point,
logrando ganar el litigio.
El resultado permitió que salieran a luz pública contratos por más de 11
millones de dólares, a través de los cuales, el INS y el Departamento de
Justicia solicitaban la adquisición de registros de votantes, registros
nacionales, licencias de conducir y otros listados de México, Colombia,
Venezuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y
Nicaragua.
La información ha tomado ribetes de escándalo internacional.
Los gobiernos de México, Honduras y Argentina iniciaron las investigaciones
para determinar las razones por las cuales esta empresa norteamericana
adquiere la información y el uso que dará a la misma.
Al respecto, el Consejero Diputado de Epic, Christopher Hoofngale, en
entrevista con el Grupo de Diarios de América, manifestó que “no es muy
claro” el uso que el gobierno de Estados Unidos hace de estos registros
porque se escuda en “fines de seguridad de Estado” para impedir el acceso a
información más precisa.
En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado no han iniciado una
investigación sobre este hecho, porque, según el comisario jefe de la
división contra delitos informáticos, César Alvarado, “no se ha recibido
ninguna denuncia formal al respecto, ni tampoco una orden de la Fiscalía
General de la República”.
Esta versión fue ratificada por el comisario Ted Mendoza, jefe de la
división contra la delincuencia organizada, quien dijo sin embargo, que
están alerta y mantienen contacto con Interpol por si se detecta cualquier
delito de este tipo.
Recordó que a finales del pasado año realizaron una investigación porque las
bases de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la propia policía
científica, antigua PTJ, estaban siendo vendidas por buhoneros.
El procedimiento permitió determinar que se trató de fraude, por cuanto, la
información que contenían los CD no era confidencial como se hacía creer.
Doce personas fueron detenidas y procesadas por los tribunales y todo los
equipos fueron decomisados.
El gobierno de Ciudad de México realizó una investigación sobre la empresa
Choice Point, luego que ésta comprara el padrón electoral de ese país
generando un escándalo que sigue en manos de las autoridades. El resultado
de la investigación, según informó el secretario de gobierno de Ciudad de
México, Alejandro Encinas, a un diario local, arrojó que esta empresa no
pertenece al sector de telemarketing. “Está dedicada a la identificación y
verificación de credenciales”.
Denunció que al parecer el hermano del presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, es socio de dicha corporación. Encinas calificó a la empresa de
“oscura” y de estar “al servicio del Presidente estadounidense”.
La gran preocupación que invade a millones de ciudadanos latinoamericanos
que hoy están bajo la lupa de las agencias de seguridad de Estados Unidos,
cualquier otro gobierno o institución privada, es: Qué uso le están dando a
esa información y cómo los puede perjudicar.
En Argentina, la diputada del Partido Intransigente, Lucrecia Monteagudo,
pidió informes sobre las actividades de Choice Point. “No conocemos cómo se
manejan estos datos, pero es evidente la posibilidad de ser manipulados con
fines de control político, económico, social y hasta militar”, señaló la
parlamentaria.
Según el documento que fue desclasificado por demanda de EPIC, el
Departamento de Justicia y el Servicio de Inmigración y Naturalización de
Estados Unidos, requirieron a la empresa Choice Point información detallada
de varios países. Cada base de datos solicitada tiene su valor. En el caso
de Venezuela se cancelarían 90 dólares por el registro de búsqueda de todos
sus ciudadanos, al igual que en Honduras, Nicaragua y Guatemala.
En el caso de Argentina, se solicitaron registros de búsqueda de ciudadanos
en $30, listado de teléfonos ($15) ; record detallados de empresas ($40). En
Brasil, listado de teléfonos ($15) ; perfiles de inversionistas ($100) ;
propietarios de corporaciones ($100), record de empresas ($50). En Colombia
se adquirieron registro de ciudadanos ($90) ; información detallada de
empresas ($80). En México el registro de ciudadanos ($30) ; registro de
licencias de conducir ($20) ; identificación de vehículos ($20) ; listado de
teléfonos ($15) ; detalles de empresas mexicanas ($40).
Esta información también es manejada por el FBI, la CIA y la Dirección de
Seguridad Interna.
Información
relacionada
Periodistas de provincias tras el espionaje estadounidense
Por Saúl Fernández
Diario La Nueva España
En Estados Unidos está prohibida la tortura y eso, en estos tiempos
convulsos, supone un gran problema de estrategia. El 11 de septiembre de
2001 dos aviones se incrustaron contra las Torres Gemelas de Nueva York,
otro más fue a parar a una de las alas del Pentágono y la cuarta -el famoso
vuelo «United 93»- terminó en los bosques de Pennsylvania. Estos cuatro
ataques coordinados fueron reivindicados por los terroristas islamistas de
Osama Bin Laden y fueron el primer ataque exterior en territorio
norteamericano desde lo de Pearl Harbour. Aquel día fue el del inicio del
siglo XXI, según se sabría después. Episodios similares a éstos se dieron
años después en Madrid, en la estación de Atocha, y en Londres, en el
servicio de Metro de la capital británica. Occidente herido. La Casa Blanca
de George W. Bush, después de muchas vacilaciones, lideró la invasión de
Afganistán -sin hallar, de momento, a Bin Laden- y promovió la segunda
guerra del Golfo, de la mano de José María Aznar y Tony Blair. El último
episodio de este conflicto se dio hace sólo unos días: la ejecución de
Saddam Hussein.
Ésta es la historia principal. A esta línea argumental primera se vinculan
algunos episodios de forma contrapunteada referidos, generalmente, a las
reacciones occidentales a los ataques terroristas: el campo de Guantánamo,
los aviones-prisión de la CIA. Tres periodistas del «Diario de Mallorca»
-Felipe Armendáriz, Marisa Goñi y Matías Vallés-, de la Editorial Prensa
Ibérica, el mismo grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, desde las Baleares
se decidieron a ahondar en estos últimos episodios dado que el aeropuerto de
la capital isleña recibió con misterio varios «vuelos negros» fletados por
la Central de Inteligencia Americana, CIA. Mallorca está a mitad de camino
entre el Occidente sin torturas y el Oriente permisivo.
CIA Airlines es el relato de una larga conspiración para salvar las
limitaciones legales de los Estados Unidos. La búsqueda paranoica de todos
los «terroristas» árabes, de los responsables de los ataques al territorio
norteamericano, todo ello bajo el amparo de la llamada ley Patriótica -la
que suspende ciertas libertades civiles en favor del llamado bien común-.
Este libro es la síntesis de dos años de investigación de un asunto de
derivaciones mundiales y es, en cierta medida, un tributo al periodismo
local capaz, si se pone, de ser citado en las páginas más esclarecidas del
diario «The New York Times», la biblia de todos los redactores. Desde Palma
de Mallorca, una capital esquinada de España, para todo el mundo.
El reportaje periodístico en forma de libro no parece ser un género
editorial muy en boga en este país. Existen relatos periodísticos, pero
escritos ex profeso para salir en un libro, no síntesis del día a día, como
es el caso de estos profesionales mallorquines. Todos los hombres del
presidente, de Bob Woodward y Carl Bernstein, parece el título por
antonomasia: la relación del espionaje electoral de los republicanos de
Nixon a los demócratas de la década de los setenta.
Armendáriz,Goñi y Vallés son tres periodistas de provincias satisfechos, por
lo que se trasluce de la lectura de este libro, con esta condición.
CIAAirlines lleva, de hecho, como subtítulo «Cómo un periódico local desveló
la trama ilegal contra el terrorismo». Los tres autores tratan de «desglamourizar»
el oficio al que dedican sus empeños. Ninguno se siente a la altura de
Woodward, por ejemplo, son periodistas de pueblo que, por casualidad, se
dieron de bruces con la historia más fantástica de sus vidas: la
Inteligencia Americana decidió hacer escala en Mallorca en sus viajes en
clase «torturista», como dicen ellos. Traslados de presuntos terroristas.
«La realidad siempre es más prosaica que sus habitantes», escriben. El 10 de
marzo de 2005 Matías Vallés, uno de los autores, concluida la jornada
laboral, de noche, se internó en el proceloso mar de internet porque, como
asegura, «no sólo utiliza los motores de búsqueda para consultar páginas
pornográficas». O sea, que Vallés, aburrido, se mete en Google, escribe
«Majorca» combinada con otra palabra. De ahí salió un enlace con la revista
«Newsweek» referido al extraño secuestro del ciudadano alemán de origen
libanés Khaled el-Masri. Su historia nunca fue aceptada hasta que se pudo
contrastar con las rutas aéreas. El semanario decía que una de las paradas
fue en la isla de Mallorca. «De confirmarse, una isla española habría sido
la base del secuestro de un ciudadano de la Unión Europea», dicen. Dos días
después, el 12 de marzo de 2005, abría el «Diario de Mallorca» su portada a
cinco columnas y dos líneas: la CIA había utilizado el aeropuerto de Son
Sant Joan como base de un secuestro. Aquí comenzó la historia. Después
vinieron los meses de la travesía en el desierto, los meses protagonizados
por los tres periodistas en soledad, hasta que «El País», nueve meses
después, tirase de la cuerda, hasta que «The New York Times» citara el
trabajo desempeñado por los tres periodistas mallorquines, también en
noviembre de aquel mismo año. Los aviones-prisión, los secuestros de la CIA,
eran ya de dominio público. Pero la espita la abrieron tres redactores
mallorquines, sin Gargantas Profundas, sin moverse de la isla, con dos o
tres fuentes extranjeras, sin «glamour». Ciertas historias logran que el
oficio del periodismo merezca la pena.
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