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@DIN, 14 de
diciembre de 2006 - El presidente electo del Ecuador, Rafael Correa, rechazó
rotundamente que se reinicien las fumigaciones aereas colombianas con el
herbicida glifosato, contra supuestos cultivos de coca en una zona cercana a
la frontera ecuatoriana. Correa denunció que el glifosato es un producto
químico que daña también cultivos campesinos y afecta a los ciudadanos que
viven en territorio ecuatoriano.
Rafael Correa aseguró que va a pedir la intervención de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA),
para que actúen en este asunto, que será abordado en una cumbre que
sostendrá con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en las próximas
semanas. Esta misma semana, el propio Correa calificó de “terribles” las
fumigaciones.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Francisco
Carrión, consideró como una muestra de hostilidad la reanudación por parte
del Gobierno colombiano de las fumigaciones aéreas con el herbicida
glifosato, sobre las plantaciones de coca en zonas cercanas a la frontera
ecuatoriana.
“Es una muestra inamistosa, por lo menos, muestra de hostilidad hacia el
Ecuador”, denunció el Ministro de Relaciones Exteriores del país vecino.
También denunció que Colombia había pactado realizar aspersiones a 10
kilómetros de la frontera; sin embargo, Carrión lamentó que no se haya
respetado el acuerdo entre las dos naciones y se esté fumigando el veneno
prácticamente dentro del Ecuador.
“No es que me cae una gota de glifosato y yo me la limpio y no ha pasado
nada, no, hay que ver los efectos que esa gota tiene en el tiempo”, dijo
Carrión.
Ecologistas colombianos recordaron que el glifosato tiene gravísimos efectos
sobre el ecosistema y los humanos, pudiendo provocar incluso la muerte en
los humanos con pequeñas dosis inhaladas.
El canciller añadió que Ecuador se cansó de hacer reclamos diplomáticos a
Colombia y que ahora podrían tomarse medidas más drásticas. “Nos vemos
obligados a pasar ya a otras acciones que realmente den los resultados que
esperamos”, señaló.
Por su parte, el presidente electo, Rafael Correa, fue más duro al referirse
a las fumigaciones.
“Recurriremos, como dijimos en campaña, a las instancias internacionales que
sean necesarias para evitar este problema, o sea, Colombia no puede fumigar
desde avionetas en la frontera”, señaló Correa.
La ministra de Relaciones Exteriores colombiana, María Consuelo Araujo,
intentó justificar la fumigación diciendo que "Ecuador debe entender que el
reinicio de las fumigaciones aéreas en zona fronteriza es un aporte en la
lucha contra la erradicación de cultivos ilícitos". Colombia llama "cultivo
ilícito" a la coca, planta que en América Latina se usa para diferentes
utilidades y es un medio de subsistencia para miles de familias campesinas.
La Canciller colombiana, además, alegó que las fumigaciones con glifosato
"no son perjudiciales tanto para los habitantes de la zona como para el
medio ambiente".
La funcionara adujo tener “argumentos científicos y técnicos sobre lo inocuo
que es el glifosato en la salud humana, en el medio ambiente, en los
cultivos que alimentan a la población civil". Ecologistas locales, en
cambio, dijeron que este es un veneno temible, creado por la multinacional
Monsanto, la misma inventora del Napalm (fósforo líquido) que se usó contra
la población civil de Vietnam, y la soja trasgénica.
Los ecologistas recordaron numerosos casos de envenenamiento en la población
civil de países latinoamericanos, por las emanaciones del glifosato. Uno de
ellos produjo la muerte del niño Silvino Talavera, en Paraguay, quien pasó
por un camino al lado de un empresario sojero que estaba fumigando glifosato
y fue suficiente que lo alcanzara una ráfaga para provocarle la muerte en
pocos días.
Según estas fuentes, el envenenamiento de la frontera con Ecuador por parte
del gobierno de Colombia, persigue los siguientes objetivos:
1) Defender los intereses de los EEUU y sus empresas que buscan controlar el
tráfico de coca en el mundo entero.
2) Establecer presencia militar estratégica en la región.
En tanto, el ministro de la Defensa Nacional colombiano, Juan Manuel Santos,
aseguró que continuarán las operaciones de fumigación en la zona fronteriza.
Mientras tanto, el director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel
Castro, fue brutal al decir que sus hombres no se retirarán de allí hasta no
acabar con la última hoja de coca.
Doble discurso
En enero pasado, Colombia suspendió temporalmente la fumigación con
glifosato sobre los cultivos campesinos de coca en una franja de 10
kilómetros distante de la frontera con Ecuador, a petición del Gobierno
ecuatoriano.
Quito solicitó ese distanciamiento después de las denuncias de habitantes de
la zona fronteriza que aseguraron que resultaron afectados por las
fumigaciones y que el glifosato había perjudicado a las plantaciones de
maíz, yuca y otros cultivos, así como a la salud de los animales.
No obstante, el Gobierno colombiano citó este martes estudios de supuestos
expertos de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas
(Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la "inocuidad"
de la mezcla utilizada para las aspersiones.
El Canciller ecuatoriano aseguró a la cadena de televisión “Ecuavisa” que el
estudio de la Cicad no merece credibilidad por parte del Gobierno de
Ecuador, por lo que insistió en que sea una misión de la ONU la que haga los
estudios.
Carrión indicó que el estudio de la Cicad se realizó mientras el ex
presidente de Colombia, César Gaviria, presidía la OEA y la misión que hizo
el informe “ni siquiera llegó a los lugares de frontera”.
Este año, la ONU iniciómç, a petición de Ecuador, estudios previos
destinados a determinar si las fumigaciones aéreas con glifosato tienen los
efectos dañinos denunciados por las autoridades ecuatorianas.
En mayo pasado, el relator especial de la ONU sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, el
mexicano Rodolfo Stavenhagen, recibió también información sobre los
supuestos efectos de la fumigación aérea con el herbicida glifosato.
Stavenhagen consideró aquella vez "un gesto importante, positivo", la
decisión colombiana de suspender temporalmente las fumigaciones aéreas en la
zona fronteriza.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que existen “mecanismos
de tipo diplomático y otros de corte nacional, que podría el Gobierno
analizar" para protestar por la reanudación de las aspersiones en la zona
cercana a la frontera.
Entre diciembre de 2005 y septiembre de 2006, fecha en la que el Gobierno
colombiano suspendió la aspersión aérea en la frontera con Ecuador, los
cultivos campesinos aumentaron en un 38 por ciento en Nariño y en un 93 por
ciento en Putumayo, departamentos del sur del país.
Las cifras suministradas por la Policía Antinarcóticos registran un
incremento de cultivos campesinos en esta franja, de 2.500 a 3.450 hectáreas
en Nariño y en el Putumayo, de 3.496 a 6.750 hectáreas, en ese mismo lapso
de tiempo.
El director de Policía Antinarcóticos, general Jorge Barón, señaló que la
suspensión temporal de los trabajos de aspersión va a "dejar a disposición
de los grupos armados ilegales y narcotraficantes" un área aproximada de
5.860 kilómetros cuadrados, lo que representa 586.000 hectáreas de tierras
aptas para el cultivo de coca.
Guerra a los pobres
La Cancillería colombiana publicó un comunicado de prensa en el que anuncia
que se reanudarán las operaciones de fumigación aérea con el veneno
glifosato en la zona fronteriza con Ecuador.
“Teniendo en cuenta que esta suspensión temporal cumple ya un año y que ha
resultado en un sustancial incremento en dicha franja de los cultivos
campesinos, a través de los cuales se financia el narcoterrorismo, el
Gobierno de Colombia ha tomado la decisión de reiniciar las labores de
aspersión en esa zona”, señaló el documento.
La Policía activó las operaciones de erradicación de cultivos campesinos en
la frontera con Ecuador; sin embargo, el Gobierno de este país se opone a
este mecanismo de control de cultivos.
La Policía Antinarcóticos reinició las fumigaciones a los cultivos de
campesinos pobres a 10 kilómetros de la frontera con colombo-ecuatoriana, en
los departamentos de Nariño y Putumayo, sur del país.
Las aspersiones aéreas habían sido suspendidas en el mes de enero después de
una reunión de los cancilleres de ambos países; tiempo durante el cual según
los estudios, los cultivos campesinos aumentaron de forma importante:
pasaron en Nariño de 2.500 a 3.450 hectáreas y en Putumayo de 3.496 a 6.750
hectáreas.
Las autoridades colombianas afirmaron que la suspensión temporal de los
trabajos de aspersión dejó "a disposición de los grupos subversivos y de los
narcotraficantes" una vasta zona de estos dos departamentos.
“Vamos a hablar con el Gobierno ecuatoriano para que la zona de frontera no
se vaya a utilizar como una zona de resguardo por parte de la guerrilla o de
los narcotraficantes”, argumentó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Este lunes se fumigaron 777 hectáreas y se cree que en un mes se impregnará
con el veneno glifosato a todos los cultivos campesinos cultivados en esa
zona y la frontera con Ecuador.
Organizaciones de DDHH denuncian envenenamiento
Ante el reinicio de las fumigaciones en la frontera norte ONGs de derechos
humanos del Ecuador solicitaron la intervención de relator especial de la
ONU Sobre vertimientos ilícitos de productos y desechos toxicos y
peligrosos.
Una coalición de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador), el Centro de
Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), el
Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, la Plataforma Interamericana de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD, Capítulo Ecuador) y la
Red Ecuatoriana de Defensores de Derechos Humanos, exhortaron a la
Cancillería ecuatoriana a que proceda a invitar al país al Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre los efectos nocivos para el goce de los
derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos
tóxicos y peligrosos, Okechukwu Ibeanu.
El señor Ibeanu es uno de los expertos del Sistema de Naciones Unidas
designado por la ex Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos
Humanos, cuyo mandato es aportar a esta entidad información sobre las
personas fallecidas, lisiadas o víctimas de otros traumatismos en los países
en vías de desarrollo como resultado del traslado y el vertido ilícitos de
productos y desechos tóxicos y peligrosos, así como hacer recomendaciones y
propuestas sobre las medidas adecuadas para controlar, reducir y erradicar
tales fenómenos.
A juicio de estas organizaciones, el reinicio de las fumigaciones con
sustancias químicas a las plantaciones de uso ilícito en la frontera norte,
por parte de las autoridades colombianas, cuyos efectos no pueden ser
considerados inocuos, merece llamar la atención de este Relator Especial.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos recordaron que el Estado
ecuatoriano tiene una invitación abierta y permanente a todos los Relatores,
Representantes, Expertos y demás mecanismos especiales sobre derechos
humanos de las Naciones Unidas para que, en cumplimiento de sus respectivos
mandatos, puedan visitar cuando lo requieran el territorio del Ecuador y
establecer los contactos que estimen convenientes con personas e
instituciones domiciliadas o establecidas en el país (Nota Nº 57239/GM/DGHSA,
de diciembre 11 de 2002, dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos).
Del mismo modo, estas organizaciones recomendaron la intervención de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), instancia responsable de promover la observancia del Código
Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas.
Según esta organización, el término plaguicida incluye las sustancias
destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas,
defoliantes o desecantes, así como cualquier sustancia o mezcla de
sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar las especies no
deseadas de plantas.
Las organizaciones de derechos humanos concluyeron este llamamiento público
solicitando se diseñe una estrategia conjunta entre la Cancillería
ecuatoriana y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en
estos temas.
APDH pide apoyar al presidente Correa en defensa de la soberanía
ambiental
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pidió con carácter de urgente
"la Unidad de todo el pueblo ecuatoriano, sin importar diferencias de
ninguna índole, alrededor del Presidente electo Rafael Correa para rechazar
la provocación del Gobierno paramilitar colombiano" de reanudar, tras 10
meses de suspensión, las fumigaciones cerca de la frontera ecuatoriana "que
han ocasionado daños irreversibles a la salud humana, plantaciones lícitas,
fauna y biodiversidad de nuestro país", según denuncian.
Al mismo tiempo condenaron "la unilateral e inconsulta orden del Presidente
colombiano Álvaro Uribe de reiniciar las fumigaciones contra Ecuador en la
franja fronteriza de 10 kilómetros previamente aceptada por ambos estados
hasta que la ONU determinase un veredicto sobre sus consecuencias".
Asimismo resolvieron "exigir al actual Presidente Alfredo Palacio y al
Canciller Francisco Carrión que rechacen frontalmente la criminal política
ambiental de Uribe en la frontera ecuatoriana", la APDH recomendó al equipo
del Presidente Correa "tomar en consideración tres propuestas para
contrarrestar la provocadora política exterior colombiana:
Pedir al Gobierno actual que llame a nuestro embajador en Bogotá de manera
inmediata.
Acoger los estudios y propuestas de la sociedad civil y grupos de DDHH,
elaborados durante los últimos 7 años en el tema, especialmente la denuncia
de victimización ambiental provocada por las fumigaciones al Ecuador, ante
la ONU, OEA, la Comunidad Andina de Naciones, la Comunidad Sudamericana de
Naciones y la Unión Europea.
Una vez posesionado el Presidente electo, preparar colectivamente, Estado y
sociedad civil, la Demanda en la Corte Internacional de La Haya por daños
ambientales, contra el gobierno de Colombia".
Finalmente, la APDH saludó "las dignas expresiones de soberanía del
Presidente Rafael Correa" quien rechazó la orden de fumigar dada por Uribe,
al tiempo de "demandar a la sociedad civil y a las organizaciones sociales y
ciudadanas hacer causa común en apoyo del Presidente y la Nación".
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niños víctimas del Glifosato
Agencia Adital
Brasil
Asentadas en el Resguardo Indígena del Río Satinga,
estas personas suman una población de 91 familias y 478 personas en total,
que se encuentran en una crisis humanitaria, debido a la fumigación que se
hiciera sobre el Río Satinga el pasado 25 y 26 de Abril del presente año, en
la cual se violaron los Derechos Humanos y Colectivos de nuestras
comunidades.
(Adital) La Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño (ACIESNA)
que representa a las comunidades indígenas de la Costa Pacífica de Nariño,
de los Municipios de Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Tumaco e Iscuandé,
informa al Gobierno Nacional y Departamental, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación, la Oficina del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado
para los Refugiados (ACNUR), y a la Pastoral Social de la Diócesis de
Tumaco, sobre la grave situación que se presenta en las comunidades
indígenas de San José de Robles, Tórtola, Casa Grande.
Asentadas en el Resguardo Indígena del Río Satinga estas personas suman una
población de 91 familias y 478 personas en total, que se encuentran en una
crisis humanitaria, debido a la fumigación que se hiciera sobre el Río
Satinga el pasado 25 y 26 de Abril del presente año, en la cual se violaron
los Derechos Humanos y Colectivos de nuestras comunidades.
Según ACIESNA ya ocurrió la muerte de los niños Evelio Chirimía, Yeison
Chiripúa y de la niña María Sandra Mesa Mejía. También se encuentra en grave
situación de salud los niños y niñas: Einer Javier Isabe Quintero, Adriana
Quintero Mejía, Carmen Deisy Mejía, Cristian David Mejía Caicedo, Kataerine
Pertiaga Mejía, Juan Carlos Pertiaga, Felisa Mejía, Melisa Mejía, María
Ángela Chiripúa, María Lucía Quintero, Luis Ernesto Quintero, Rafaelito
Chiripúa y Gonzalo Chiripúa.
Estos niños y niñas, se encuentran hospitalizados en el Centro de salud de
Bocas de Satinga en el Municipio de Olaya Herrera y en el Hospital de
Tumaco. Hubo todavía el desplazamiento de 15 familias, 30 personas, que se
encuentran en Bocas de Satinga, Municipio de Olaya Herrera, para recibir
atención médica, para sus menores hijos. "Hay la ausencia de medicamentos,
formulados para atender la crisis de salud, que afecta a niños y niñas
indígenas Eperara Siapidaara, en Bocas de Satinga, Municipio de Olaya
Herrera", denuncia la entidad.
Las fumigaciones también han causado daño a los cultivos de plátano, banano,
yuca, caña de azúcar, chilma, coco, frutales y árboles maderables, afectando
con ello, la alimentación de las comunidades y la forma de vida.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha reiterado, que los
pueblos indígenas se oponen a las políticas de erradicación de cultivos de
uso ilícito, basadas única y exclusivamente en la fumigación generalizada
con herbicidas, porque no sólo afecta a nuestros pueblos en sus territorios,
vida y cultura, sino que además no resuelve el problema que genera la
economía del narcotráfico.
ACIESNA exige que se suspenda inmediatamente la fumigación, que la
Presidencia de la República, y los integrantes del Consejo Nacional de
Estupefacientes (CNE) garanticen la efectiva protección de nuestros Derechos
fundamentales, tales como el derecho a la vida e integridad personal, a la
defensa de los territorios, a la seguridad y la salud; que se atienda a la
población indígena que se encuentra en situación de desplazamiento en Bocas
de Satinga, Municipio de Olaya Herrera; que se ponga en marcha una Comisión
Humanitaria, que atienda la crisis de salud; y que se inicien las
investigaciones respectivas por la responsabilidad que se tiene, por la
muerte de los niños.
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