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Ricos se levantan contra los pobres en Bolivia  

Dos parecen los objetivos del movimiento insurreccional en marcha. El primero, blindar a estas regiones de la marea "populista e indigenista" de Evo Morales, resistente a los principios de la economía capitalista de mercado que en Santa Cruz no fueron cuestionados por los gobernantes, como en la Bolivia indígena. Y, en segundo lugar, manejar los grandes recursos económicos locales.          

Separatistas de Santa Cruz de la Sierra. Foto: Archivo.

@DIN, 16 de diciembre de 2006 - Miles de personas, impulsadas por los adinerados sectores sociales separatistas de Santa Cruz, se concentraron en cabildos abiertos en cuatro departamentos bolivianos para exigir al gobierno de Evo Morales autonomías regionales. Los cabildos de la oposición autonomista en el oriente y manifestaciones de apoyo al presidente Evo Morales y contrarias al separatismo medían fuerzas ayer por la tarde, mientras el gobierno desmentía que hubiese muertos o heridos de bala en un enfrentamiento en el departamento de Santa Cruz.
"Es falso que haya habido muertos o heridos de bala en el bloqueo (de ruta) de San Julián (próximo a la capital cruceña). Sí hay 46 heridos cuando una caravana quiso pasar, lo que provocó una refriega en la que se quemaron tres vehículos", informó a la prensa el vocero presidencial, Alex Contreras. Los opositores santacruceños dijeron sin embargo que el número de heridos alcanza a 55.
Contreras agregó que "la gente de los buses bajaron e insultaron a los bloqueadores, saquearon una tienda, un retén de Policía y eso es lo que ocasionó la reacción de los colonizadores. De ello lamentablemente algunos periodistas resultaron también golpeados y con las cámaras destrozadas".
El portavoz también aclaró que no hubo otros incidentes mientras comenzaban a realizarse los cabildos convocados por los movimientos cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
Los dirigentes de los movimientos cívicos habían planteado ayer, con más contundencia, que se deben tomar decisiones autonómicas de aplicación inmediata, pero agregaron que "dentro de la ley".
Así lo afirmaron el vocero del Comité Pro Santa Cruz, Daniel Castro; el vicepresidente del ese organismo en Tarija, Amilcar Taboada; el prefecto del Beni, Ernesto Suárez y la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena. Taboada dijo que "la idea de la independencia (separatismo) está descartada de los cabildos", aunque el encargado de autonomías de la Prefectura cruceña, Carlos Dabdoub, afirmó que las decisiones que se tomen tienen que cumplirse "y si están dentro o fuera de la ley, no lo sé", informó hoy el diario paceño La Razón.
Estos cabildos buscan definir por sí mismos los alcances de la autonomía de esas regiones y que la Constituyente vote todas las reformas por dos tercios de sus miembros (170 sobre 255).
En el cabildo de Santa Cruz, frente a una concurrencia muy numerosa, el presidente del comité cívico, Germán Antelo, formuló un discurso "moderado", según informaron fuentes de prensa a esta agencia.
Antelo habló del "respeto a la ley", en cuyo marco defendió la autonomía que reclaman los cruceños, y criticó al sistema de partidos políticos, con lo que trató de quitarle carácter partidista a las demandas cívicas de esa región.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Asamblea Constituyente, Roberto Aguilar, del gobernante MAS, dijo que Evo Morales propuso a los líderes de los movimientos cívicos y a los opositores prefectos (gobernadores) de la "media luna" una reunión para destrabar el conflicto el próximo lunes.
Según el dirigente, este fin de semana, luego de las demostraciones de fuerza de ayer, comenzarán las negociaciones. "Hay un acercamiento a partir de dos criterios básicos: hacer viable el funcionamiento de la Constituyente y garantizar que termine el próximo 6 de agosto" de 2007, como estaba previsto, dijo.
Aguilar dijo que el empresario y ex candidato presidencial por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, "levantó todas las huelgas de hambre" de sus partidarios y "envió una carta al gobierno en la que saluda la apertura a negociar el sistema de votación, aunque mantiene su criterio de los dos tercios".

Santa Cruz quiere irse de Bolivia

Un multitudinario cabildo exigió ayer autonomía para la próspera ciudad boliviana de Santa Cruz y amenazó con conformar un gobierno regional autónomo de facto, en uno de los más firmes y abiertos desafíos al presidente socialista Evo Morales.
Si la nueva Constitución, que debe redactar la Asamblea Constituyente antes de agosto de 2007, no aprueba una autonomía de amplias facultades para las prefecturas, estas la considerarán “un claro rompimiento institucional”, advirtió el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas.
En caso de que ese tipo de autonomía no se apruebe, las prefecturas podrán “dotarse de un régimen autonómico departamental” de hecho, afirmó Costas en una alocución ante miles de personas.
Pero previo al tan polémico cabildo tuvo lugar un enfrentamiento entre los leales al gobierno de Evo Morales y los que se dirigían a Santa Cruz para participar en el cabildo y que terminó con 50 heridos.
Así lo afirmaron fuentes santacruceñas y el alcalde opositor de Guarayos, Robert Shock, quien presenció los incidentes ocurridos en la carretera que une el departamento de Santa Cruz con el norteño Beni.

Enfrentamientos

Shock relató que indígenas y campesinos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales bloquearon la vía desde el jueves por la noche y volcaron tres vehículos en los que viajaban personas procedentes de las provincias del norte.
En Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija se llevaron a cabo masivos mítines populares para pedir la descentralización de las atribuciones económicas, administrativas y políticas que se concentran en la ciudad de La Paz y la aprobación de la nueva carta en la Asamblea Constituyente por dos tercios de los votos, en lugar de la mayoría simple, informó AFP.
Mientras en la ciudad amazónica de Trinidad, capital de Beni, los manifestantes se congregaron en la plaza de Armas portando banderas verdes (colores de la provincia) y bolivianas; en la ciudad de Tarija, los ciudadanos enarbolaron banderas rojas y blancas y proclamaron su afán autonómico.
En Santa Cruz, las banderas fueron verdiblancas y los vecinos lucían franelas blancas con la inscripción "autonomía" o "2/3 es democracia", en alusión a su pedido para la Constituyente. Además, esta región amenazó con conformar un gobierno regional autónomo de facto.
A raíz de estas protestas se desataron enfrentamientos entre opositores y partidarios de Morales, que dejaron al menos 55 heridos, ocho de ellos de bala, según la oposición. Varios de los heridos son periodistas de distintos medios.
El vocero de Gobierno, Alex Contreras, dijo que los choques se registraron en la localidad de San Julián, cuando cientos de campesinos opositores intentaban despejar un bloqueo carretero de oficialistas para impedirles el paso a Santa Cruz, donde se celebraban actos.
Contreras, al informar que los enfrentamientos cesaron con el envío de unos 100 policías que separaron a los grupos con gases lacrimógenos, responsabilizó de los enfrentamientos a "infiltrados" de la oposición.
Pero el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó que fue el oficialismo el que ocasionó la contienda por supuestamente haber ordenado a sus partidarios realizar el bloqueo en San Julián, cercana a Santa Cruz.
"Ante estos hechos lamentables... nos duele profundamente ver que la intolerancia masista (del Movimiento al Socialismo, MAS) y la injerencia extranjera no tienen reparos en acudir a métodos violentos en contra de hombres y mujeres bolivianos que actúan democráticamente", dijo Costas en alusión al presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Morales.
El jefe de los diputados oficialistas, César Navarro, anunció que el Presidente llamará a una cumbre política el lunes para buscar salidas a la crisis.
Por su parte, el presidente socialista, Evo Morales, felicitó a cuatro departamentos bolivianos que efectuaron este viernes, hasta horas de la noche, cabildos populares y aseguró que el pedido de autonomías regionales, que debe analizarse en la Asamblea Constituyente, no significa la división de Bolivia.
"Estoy muy satisfecho por las intervenciones (de los gobernadores y líderes ciudadanos) por la unidad del país, porque el país quiere unidad, no se puede seguir pensando en división, hay una gran conciencia en el pueblo", afirmó Morales en el Palacio Quemado de La Paz.

Puja por el reparto de ingresos

El conflicto entre Santa Cruz y La Paz tiene una historia larga —que incluye el levantamiento federal e "igualitario" de Andrés Ibáñez, fusilado en 1877— pero tomó nuevos bríos después de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003. La "guerra del gas" no solamente acabó con el arquitecto de las reformas de libre mercado en el país sino que abrió paso a una transición política en la que los grupos de poder cruceños perdieron su cupo en el Estado nacional. Primero fue el entonces presidente Carlos Mesa quien los acusó de ser "unas elites provincianas" y les cerró el paso en su administración. Luego vino Evo Morales que a sus posiciones nacionalistas sumó una estética andina que irrita a los cruceños.
Sin embargo, las demandas de autonomía están lejos del reclamo de independencia, sostenido sólo por el grupo marginal Nación Camba. Dos parecen los objetivos del movimiento insurreccional en marcha. El primero, blindar a estas regiones de la marea "populista e indigenista" de Morales, resistente a los principios de la economía capitalista de mercado que en Santa Cruz no fueron cuestionados por los gobernantes, como en la Bolivia indígena. Y, en segundo lugar, manejar los grandes recursos económicos locales.
"Es muy importante que haya una descentralización no sólo del gasto sino de los ingresos, serían las regiones las que entregarían los ingresos al gobierno nacional, quedándose con alrededor del 31%, también se incluye un fondo de compensación para los departamentos más deprimidos", dice Juan Carlos Urenda, principal asesor del Comité Cívico en el tema autonómico.
Dentro del área económica hay un tema especialmente sensible: la tierra. Por eso el proyecto anunciado ayer por el prefecto (gobernador de Santa Cruz) Rubén Costas contempla "competencias compartidas en la gestión de la tierra entre el gobierno nacional y los poderes locales". Los modelos de Urenda son España y Colombia.

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Bolivia tiene dirigentes cívicos, prefectos y hasta parlamentarios latifundistas

Edgar Ramos Andrade
Rebelión

En el fragor del debate mediatizado de "líderes de opinión pública" Bolivia apareció, como pocos países con varias autoridades legislativas y ejecutivas así como con dirigentes sociales (los denominados "cívicos" y los agro-empresarios) cuya característica común es su condición de latifundistas que, al parecer no quieren perder privilegios de dudoso origen, según reportan informes oficiales.
Senadores cuya responsabilidad política y estatal es legislar (en este caso el uso de la tierra) o prefectos que deben hacer cumplir la ley en sus regiones, aparecen como juez y parte en el debate por la ley de tierras, que tiene en ascuas al Parlamento y al gobierno. No se quedan atrás los "dirigentes cívicos" o los agro-empresarios que generan opinión social urbana concentrada (en el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz, o el centro histórico de Tarija, pero no más allá).
El informe entregado a la prensa señala que legisladores como Walter Guiteras, beniano del ultra conservador Podemos, tiene 49.051 hectáreas. Su colega Miguel Majluf (MNR del Beni) 5.468 Has. El prefecto (gobernador) de Beni por Podemos, Ernesto Suárez Sattori tiene 1.105 Has. El presidente del Comité Cívico cruceño Germán Antelo tiene en "proceso de saneamiento" una propiedad de 4.993 Has. A su vez Zvonko Matkovic, ex presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) y ex prefecto de Santa Cruz por ADN, cuenta con dos propiedades agrarias, una de ellas con 267 Has. La familia de otro empresario y ex canciller de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Saavedra Bruno, tiene 10 predios por un total de 17.298 Has.
El informe gubernamental añade que Bolivia tiene 109 millones de hectáreas; de ellas 65 millones de hectáreas son productivas y 59 millones fueron distribuidas a un grupo de poder que gozó de privilegios políticos en años anteriores. Dicho grupo tiene amplio respaldo en las redes mediáticas y círculos de intelectuales y "formadores de opinión". Pero el mayor apoyo está en las "brigadas" de la Nación Camba (liderizados por el ex ministro del MIR Carlos Dabdoub), la Unión Juvenil Cruceñista (grupo paramilitar que ya agredió a campesinos y diputados marchistas en octubre 2003 y junio 2005). Esto contradice el lema: "Es ley del cruceño la hospitalidad".
Los representantes de este grupo de poder tuvieron una rabiosa reacción ante la media aprobación parlamentaria de la nueva ley de tierras (INRA) y del reglamento de la Asamblea Constituyente. Esa reacción fue un paro en 4 departamentos (Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz) y una marcha empresarial (con tractores y vehículos de lujo) hace pocos días. Esa actitud fue coronada con una agresión al propio presidente Evo Morales, en el inseguro departamento de Santa Cruz cuyo prefecto es Rubén Costas, ex presidente del Comité Cívico cruceño.
Santa Cruz parece haberse convertido en el último reducto de los grupos oligárquicos de poder, como lo fueron en su momento Tupiza (con la familia Aramayo), Sucre (con los industriales mineros) o La Paz-Cochabamba con los barones del estaño, porque en el actual debate político-parlamentario no se habla de la tierra como recuso natural y bien público, sino como objeto de usufructo dudosamente habido.
Es más, no se habla de cómo se adquirió la tierra sino de cómo "sanearla" y, en lo posible tardando mucho: En 10 años solo se saneó el 46 por ciento de la tierra, por la falta de voluntad de los seis sucesivos gobiernos --Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga, Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.
Por ello, prefectos, legisladores ultra conservadores, y dirigentes cívico-agro-empresariales parecen jugarse su última carta. Evo Morales y su gestión comenzaron a "sanear" el acceso a la tierra, controlar el reparto de miles de millones de dólares por venta del gas recientemente nacionalizado y a refundar el país en la Asamblea Constituyente. La sexta marcha de indígenas, convergente de varias regiones y que está en las puertas de La Paz, parece tener razón: Es la única forma de hacer funcionar, realmente, a los poderes públicos.

(*)
Edgar Ramos Andrade. Comunicador UNLP-Argentina. Investigador y activista social. Autor de los libros "aGONIa y Rebelión social" e "Inclusión y Dignidad Indígena".

 

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