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@DIN, 18 de
enero de 2007 - El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa -un ex
militar derechista que fue varias veces candidato presidencial-, se refugió
en Santa Cruz de la Sierra, bastión del capitalismo insurreccional de
Bolivia. Esta acción, luego de dos semanas de crisis, facilitó que ayer
retorne de manera paulatina la tranquilidad a las principales calles de la
ciudad boliviana de Cochabamba.
En tanto este martes, los habitantes de esa ciudad decidieron establecer un
gobierno paralelo. De esta manera, desconocieron la autoridad el prefecto
Manfred Reyes, quien estaba ausente de sus oficinas por la presión popular.
El gobierno transitorio, llamado Comité Revolucionario Departamental, está
integrado por 18 miembros de las organizaciones sociales afines al gobierno
del presidente Evo Morales, y actúa como prefectura popular. Luego de la
conformación del gobierno transitorio, miles de campesinos, que habían
participado del cabildo, realizaron una marcha en torno de la plaza
principal.
El rechazo a Reyes Villa fue decidido el martes 16 de enero por la noche, a
través de un cabildo popular. La Administración fue conformada en la sede de
la Central Obrera Departamental, tras la negativa de los miembros del
Consejo Departamental a reunirse para designar un nuevo gobernador.
A pesar de las protestas, el Gobierno reconoció a Reyes. “Nos guste o no,
nos caiga bien o no, nosotros respetaremos a las autoridades constituidas
mediante el voto democrático", declaraba el vicepresidente Álvaro García
Linera Linares en el mismo momento en el que el cabildo estaba reunido en la
plaza principal de Cochabamba, 500 kilómetros al sudeste de la capital La
Paz.
Reyes Villa, en un mensaje grabado, reiteró que no va a renunciar para
preservar la institucionalidad en el país y la democracia, y anunció estar
dispuesto a someterse a referendo para que la ciudadanía que votó por él en
diciembre decida si debe seguir o no gobernando Cochabamba.
En ese contexto, Morales había anunciado que va a proponer una ley para que
se pueda revocar el mandato de las autoridades elegidas por voto popular,
incluido el presidente, mediante referendo revocatorio.
Reyes Villa había exigido más autonomía regional y una mayor distancia del
gobierno nacional. Asimismo, y no obstante el descontento de la sociedad,
había hecho públicas sus declaraciones de respaldo a la independencia,
propugnada por sectores de extrema derecha de la denominada “media luna”,
verdadero objetivo de este selenita conglomerado.
Los campesinos tomaron Cochabamba a comienzos de mes para forzar a Reyes
Villa a retirarse del cargo, acusándolo de traición, por insistir en un
modelo de autonomía que la población había rechazado en referéndum, además
de corrupción e incumplimiento de sus ofertas electorales. El resultado de
su política, fue una crisis regional con un saldo de dos muertos y más de
doscientos heridos.
La conducta de Reyes fue criticada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). El
presidente del bloque de diputados, César Navarro, sostuvo que desde el
retorno de sus vacaciones de Estados Unidos, Reyes “en ningún momento
expresó una actitud conciliadora y al contrario arremetió contra el Gobierno
acusándolo de ser el responsable de las movilizaciones en su región”.
“Si hay que respetar la legalidad el Prefecto tiene que ser el Prefecto el
primero en respetar la legalidad que hay en el país. Reyes Villa debe
reconocer públicamente los errores y desaciertos no sólo políticos sino
afecciones constitucionales, ese ha sido su gran error político”, dijo
Navarro.
El "Comité Revolucionario Departamental" quiere la renuncia de Reyes Villa
para asumir el control de la gestión en Cochabamba tras la negativa de la
asamblea a aprobar una salida legal al conflicto.
Reyes Villa, quien se encuentra refugiado en Santa Cruz de la Sierra
–epicentro del separatismo boliviano- pidió al Jefe de Estado que inste a
los productores de coca a "detener la ola de violencia" que afecta a
Cochabamba.
Por su parte, el gobierno le solicitó que regresara a esa ciudad para
dialogar con los manifestantes y avanzar en una solución al conflicto,
porque "es ahí donde tiene autoridad el prefecto, donde están sus
electores".
Gobernador boliviano acepta referéndum revocatorio
El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, un ex militar derechista y
gobernador opositor boliviano aceptó el miércoles someterse a un referéndum
revocatorio de su mandato, propuesto por el gobierno de Evo Morales, como
salida a una cruenta crisis política que amenaza con extenderse a varios
distritos.
El anuncio coincidió con la decisión de La Paz de rechazar la resolución de
una asamblea popular de instaurar un gobierno revolucionario en el distrito.
La asamblea, convocada por seguidores de Morales, decidió desconocer a Reyes
Villa y buscar su destitución por la vía legal, acusándolo de atentar contra
la unidad nacional por alentar la autonomía de Cochabamba -ubicada 400
kilómetros al este de La Paz- pese a que esta propuesta fue rechazada por un
referéndum el año pasado.
"He tomado la decisión de aceptar la convocatoria del Presidente de la
República a un referéndum revocatorio (...) No puedo ni debo renunciar
presionado por la violencia," dijo el prefecto, quien, según varios medios,
retornó a Cochabamba tras haberse refugiado en el distrito oriental de Santa
Cruz.
Reyes Villa ya había renunciado el martes a un nuevo referéndum sobre
autonomía, plan que había provocado las movilizaciones en su contra
lideradas por los productores de coca, sindicatos y organizaciones vecinales
de Cochabamba que la semana pasada dejaron dos muertos.
Seis de los nueve gobernadores provinciales de Bolivia son opositores y,
junto con el comité cívico de Santa Cruz, forman el principal frente
opositor a las reformas "anti neoliberales" de Morales, quien en su primer
año de gobierno nacionalizó los hidrocarburos y lanzó una segunda reforma
agraria.
Otro gobernador cuestionado
El también opositor prefecto de La Paz, José Luis Paredes, enfrentaba
asimismo pedidos de renuncia, lanzados por sindicatos de la combativa ciudad
de El Alto, que amenazaban con iniciar medidas de presión.
"Me someto al referéndum y apelo al presidente (.. .) a detener la violencia
contra el pueblo y optar por un dialogo de paz," afirmó Reyes Villa,
mientras comenzaban a replegarse los activistas que exigían su renuncia y la
normalidad parecía retornar a Cochabamba, en el centro del país.
Morales anunció la semana pasada su iniciativa, apoyada de inmediato por la
oposición, de una ley interpretativa de la Constitución para someter a todas
las autoridades electas, incluido el presidente, a la posibilidad de un
referéndum revocatorio de su mandato.
Esa ley sería la vía para evitar nuevos conflictos como el de Cochabamba,
donde simpatizantes y detractores del prefecto chocaron violentamente la
semana pasada, con saldo de dos muertos y más de 200 heridos, dijo a
reporteros el vicepresidente Alvaro García.
"No vamos a romper la institucionalidad, nos guste o no, nos caiga bien o
no, respetaremos a las autoridades constituidas mediante voto democrático,"
declaró García al calificar como ilegal al "gobierno revolucionario" que
algunos sindicatos pretendían instalar en Cochabamba.
Aunque designados formalmente por Morales, los actuales prefectos de los
nueve departamentos son los primeros gobernadores elegidos por voto popular
en Bolivia, gracias al mismo pacto político que posibilitó la elección
presidencial del 2005 ganada por el líder cocalero.
La izquierda radical pone en jaque al gobierno
El gobierno del Presidente Evo Morales no sólo tiene que enfrentar a
partidos y grupos de choque de la derecha sino también contener a las
organizaciones políticas de izquierda radical como el trotskismo, según
analistas de la agencia local Bolpress.
Estos grupos izquierdistas -según el mencionado medio- son los que lideraron
una pujante rebelión de campesinos, cocaleros y ciudadanos de barrios pobres
de Cochabamba, para conformar un “gobierno popular y revolucionario”.
En el multitudinario cabildo, realizado en la plaza central de la capital
valluna, se decidió por unanimidad desconocer al prefecto Manfred Reyes
Villa. Pero esta determinación no contentó a las masas radicalizadas que
esperaban que el Consejo Departamental del gobierno regional designe a un
nuevo gobernador. En posesión de altavoces, los radicales acusaron a los
dirigentes de “escamotear” la voluntad de los movilizados y reclamaron una
reunión urgente de los consejeros.
Los dirigentes “moderados” afines al gobierno, que buscaban una salida legal
a la crisis (a través de un referéndum revocatorio, como plantea el
Presidente Morales) fueron prácticamente rebasados por sus bases y perdieron
el control de la asamblea popular. La prensa cochabambina informa que al
finalizar el cabildo, al menos 26 grupos sociales intentaron tomar la
Prefectura y más tarde conformaron un nuevo gobierno popular encabezado por
Tiburcio Rada --ex integrante del Ejército Guerrillero Tupak Katari y
compañero de armas del actual Vicepresidente Alvaro García Linera-- e
integrado por otros 30 representantes de igual número de sindicatos y
organizaciones sociales representativas.
El consejero departamental de Cochabamba Ignacio Díaz Estrada informó que,
después de terminar el cabildo, “grupos radicales del trotskismo”
irrumpieron violentamente la reunión de los consejeros, que estaba buscando
una salida democrática al conflicto. “Nos agredieron y nos presionaron a
sesionar para que se elija un nuevo Prefecto. Los consejeros explicaron que
eso no era legal y hubo amenazas de linchamiento y nos obligaron a censurar
al Prefecto”, relató.
Los líderes de la movilización habían planteado que el Consejo Departamental
busque un mecanismo legal para destituir al prefecto Reyes Villa y designar
a otro. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Alfredo
Rada admitió que los consejeros que censuraron a Reyes Villa estuvieron
“prácticamente como rehenes” de los que tomaron el control del cabildo.
Uno de los líderes sociales que discrepó abiertamente con los dirigentes
masistas fue el ejecutivo de la FUL de Cochabamba, que convocó a conformar
un gobierno departamental revolucionario y a organizar “brigadas
antifascistas” para combatir a los grupos de choque que respaldan a Reyes
Villa. Los dirigentes pro gubernamentales minimizaron los hechos, mientras
que el Ejecutivo desconoció al gobierno popular. El ministro de la
Presidencia Juan Ramón Quintana, quien se encuentra desde hace varios días
en Cochabamba buscando una salida pacífica al conflicto, declaró que el
cabildo “no tiene las atribuciones reglamentadas para definir la destitución
legal del prefecto”.
El ejecutivo de la FUL de la UMSS Alejando Mostajo (trotskista) reprochó la
actitud de los cocaleros y campesinos que abandonaron el cabildo y aclaró
que la FUL no forma parte del supuesto gobierno popular, "que se ha
conformado con sujetos que no se sabe a qué sectores representan; en todo
caso cualquier gobierno verdaderamente popular y revolucionario se lo hace
con los sectores que hemos estado movilizados masivamente junto con la
población cochabambina", explicó el universitario.
Dirigentes de las organizaciones movilizadas informaron que un comité
revolucionario nombrará al sustituto de Reyes Villa probablemente este
miércoles, pero el vocero Presidencial Alex Contreras dijo que el Ejecutivo
respetará la legalidad y la Constitución Política del Estado, lamentando que
algunos grupos hayan sobrepasado a sus dirigencias. “El gobierno no reconoce
a otro prefecto que no sea Reyes Villa y le instamos que inicie el diálogo”,
precisó.
Para hoy está prevista una sesión del Consejo Departamental en horas de la
tarde en ambientes de ex Cordero, en la que se analizará la solicitud de los
sectores sociales radicales. La dirigencia campesina y cocalera habría
instruido a sus bases el repliegue de la plaza 14 de Septiembre.
Gobierno atribuye a Manfred Reyes la crisis
El Gobierno del presidente Evo Morales Aima, luego de la sesión de gabinete,
atribuyó la crisis suscitada en Cochabamba con los enfrentamientos que se
registraron, entre seguidores del prefecto Mánfred Reyes Villa, sectores
populares y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) es de
responsabilidad exclusiva de la autoridad departamental al haber cometido un
mal cálculo y error político.
“La posición del Gobierno respecto a los hechos que se están suscitando en
Cochabamba es muy clara, sin el ánimo de responder al ex vicepresidente de
la República (Jorge Quiroga), primero, que el Gobierno nacional no tiene
nada que ver en un conflicto que ha sido generado por el Prefecto de
Cochabamba y por los movimientos sociales encabezados por la Central Obrera
Departamental (COD). Ratificamos que el prefecto Manfred Reyes Villa cometió
un error político”, afirmó el vocero gubernamental, Álex Contreras.
Explicó que el error político está sustentado en dos aspectos; el primero,
en desconocer la voluntad popular de los cochabambinos que con el 63.53 por
ciento dijeron No a las autonomías en el Referéndum que se realizó y, el
segundo aspecto está referido al respaldo de Reyes Villa a la independencia
de Santa Cruz.
“Estos son hechos que de acuerdo a los sectores movilizados ha indignado a
la población cochabambina. Nosotros creemos que no son sólo los productores
de coca los que están movilizados, sino son otros sectores, como por
ejemplo, el grupo emergente de los regantes, los barrios de las zonas
periféricas de Cochabamba, sobre todo de la zona Sur, los campesinos de la
Federación Única, universitarios y otros sectores sociales. Este no es un
conflicto cocalero tal cual lo quieren hacer ver, es un conflicto de un
departamento que está reclamando el respeto a la voluntad popular”, afirmó
el Vocero del Gobierno.
Reiteró que el MAS ratifica esta posición y a través del viceministro de
Descentralización Fabián Yacsik, se le exhortó al prefecto Manfred Reyes
Villa a que pueda modificar su conducta dando un paso atrás para que no se
convoque a un Referéndum para consultar a los cochabambinos si es que están
o no de acuerdo con las autonomías, cuando en realidad ya se expresó la
voluntad popular negando y diciendo No a las autonomías regionales.
“Además exhortamos a que ojalá el día de mañana no se produzca una
contramarcha que está siendo planificada desde la Prefectura de Cochabamba,
por el Comité Cívico que pertenece exclusivamente pertenece en todas sus
atribuciones a la Prefectura de Cochabamba. Si se produce esta contramarcha
se podría producir enfrentamientos porque este sector que está movilizado
exigiendo la renuncia de Manfred Reyes Villa, manifestó que estará en las
calles. Estamos solicitando a ambos sectores a deponer actitudes”, declaró
Contreras al término de la reunión de gabinete , informó además que se
tocaron otros temas como el viaje del presidente Evo Morales a Nicaragua a
la asunción al mando de la Presidencia de Daniel Ortega.
El vocero expresó la necesidad de encontrar una solución al conflicto en
Cochabamba con celeridad para evitar más enfrentamientos toda vez que la COD
podría radicalizar sus medidas de presión, las mismas que empezaron con
bloqueos registrados en la nueva carretera a Santa Cruz por el Chapare en la
carretera antigua por el Valle Alto, según reportes oficiales.
Análisis crítico de la burguesía conservadora y el
indigenismo:
El estado frente
a la globalización económica
Por: Mauricio Ochoa Urioste
Rebelión
El economista egipcio Samir Amin, en su libro "El capitalismo en la era
de la globalización" (1), advierte el problema de las luchas étnico -
raciales, el declive del Estado nación, y la secesión de países del Tercer
Mundo en las últimas décadas del siglo XX. Amin propone la reorganización
del sistema mundial a partir de grandes regiones, que agruparían zonas
dispersas de la periferia para enfrentar los efectos más adversos de la
globalización económica.
El bloque de la burguesía conservadora y la regionalización del conflicto
social
En Bolivia, tras la caída del régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada, las
fuerzas políticas de la derecha histórica diseñaron estrategias orientadas
al mantenimiento y la ampliación de privilegios de ciertos grupos de poder
económico. En primer lugar, a nivel ideológico y programático, tales ideas
se materializarían en la "regionalización del conflicto social", vale decir,
en la socialización de supuestas diferencias históricas, culturales y
políticas entre los diferentes departamentos del país y sus habitantes.
Con este motivo se creó la agrupación neofascista "Movimiento Nación Camba
de Liberación" (MNCL), que no es precisamente un grupo aislado de la
burguesía conservadora boliviana; por el contrario, muchos de sus miembros
fundadores son a su vez asesores del Comité Cívico de Santa Cruz y de las
fuerzas parlamentarias de la derecha histórica. El MNCL tuvo desde sus
orígenes el rol de ser el articulador de todos los radicalismos discursivos
de este animado conflicto regional, con el fin de perpetuar las diferencias
en la votación del electorado boliviano de la última década.
Paralelamente, se propulsó la elección inconstitucional de los prefectos
departamentales; y se potenció a nivel mediático la presencia de los comités
cívicos.
En su conjunto, esta corporativización de la vida política boliviana
permitiría que la derecha histórica actúe internamente desde diferentes
frentes, a saber: 1) en la sociedad civil, a partir de los comités cívicos;
2) en el sistema de partidos políticos, mediante la mutación de otros
viejos, o su simple permanencia - en este frente se encuentran Poder
Democrático Social, Unidad Nacional y Movimiento Nacionalista Revolucionario
-; 3) en el régimen interno, por medio de algunos prefectos, quiénes pese a
ser aún representantes del Poder Ejecutivo, se autodenominan falazmente
"gobernadores"; 4) en los medios de comunicación, a través de los
periódicos, canales de televisión, y radiodifusoras de mayor audiencia.
Este bloque no persigue precisamente la secesión de Bolivia aunque su
discurso exacerbe demagógicamente los ánimos colectivos, y en otros casos,
alerte sobre la posibilidad de guerras civiles y la división del país. Esta
afirmación se explica en razones estrictamente económicas que "inviabilizan"
cualquier proyecto independentista, a saber: la dependencia del mercado
interno de los empresarios ganaderos y agroindustriales del oriente
boliviano; la necesidad de preferencias arancelarias en la Comunidad Andina
de Naciones para la exportación de soja; las millonarias inversiones del
sector financiero y de servicios provenientes del occidente boliviano; etc.
Sin embargo, esta "regionalización del conflicto social" tiene como
finalidad primaria la atomización del Estado, y más precisamente, la
división territorial del electorado para así lograr una mayor penetración de
los capitales multinacionales, la permanencia de los latifundios y la
ortodoxia neoliberal en ciertos enclaves geográficos. El proyecto de las
autonomías departamentales - tal como está concebido por el Comité Cívico de
Santa Cruz y otros grupos afines en su propuesta hecha pública - no persigue
una mayor descentralización política y administrativa; contrariamente, esta
consigna es utilizada por la derecha más conservadora para que en
determinados territorios de la República sus autoridades detenten mayores
competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, y de esta manera se
reemplace la pérdida de representación política de los partidos políticos
tradicionales en el Gobierno Central y el Parlamento.
En las actuales circunstancias internas e internacionales, un auténtico
proyecto político de izquierda enmarcado en la democracia multipartidaria,
debería en todo caso propender a las siguientes tareas: 1) el
fortalecimiento del rol del Estado en la economía con la finalidad de
contrarrestar las adversidades del neoliberalismo y la globalización
económica; 2) el mantenimiento y la ampliación de alianzas políticas y
económicas, profundizando la integración latinoamericana, y los acuerdos de
complementación económica con países de Asia y África; 3) la superación del
conflicto económico y laboral de los trabajadores, sin discriminaciones o
diferencias étnico - raciales que además de ser irreales - puesto que las
burguesías y las oligarquías no tienen color de piel, patria ni idioma -
sólo contribuyen a radicalizar el discurso atomizador de la derecha
histórica, y perpetuar el electorado de este bloque que con el transcurso de
los años se afianzó en los departamentos ubicados en el oriente y el sur del
país.
El indigenismo y su funcionalidad
El Movimiento al Socialismo está integrado por agrupaciones y personalidades
de distinta orientación ideológica y programática: campesinos propietarios
de pequeñas parcelas, organizaciones de pueblos indígenas, pequeños y
medianos empresarios, profesores universitarios, etc. Esta heterogeneidad
explica la existencia de lecturas de la realidad muchas veces
contradictorias en este partido político que pretenden, entre otras cosas,
conciliar el pensamiento indianista de Fausto Reynaga, con aquél de Sergio
Almaraz, Karl Marx, Michael Foucault, Antonio Negri y la teoría económica de
John Keynes. Pero en los hechos, los niveles de decisión de la
administración de Evo Morales se circunscriben a un reducido grupo de
asesores bastante más conservadores y "pragmáticos", que en los últimos
meses definió el rumbo de la Asamblea Constituyente, además de apostar por
la continuación de una rígida disciplina fiscal, dependencia y sujeción
plena a las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, erradicación forzosa de los cultivos de coca, permanencia de
rentas bajísimas en la industria minera, etc.
Este vacío ideológico y programático se pretende superar aludiendo que el
Presidente y sus políticas de gobierno tienen legitimidad suficiente por la
simple razón que se encontraría al mando de la Nación un ciudadano indígena
por primera vez en la historia de Bolivia. Si a esto se añade que el
campesinado y ciertas organizaciones sociales herederas de idearios
indigenistas radicales - que persiguen, entre otras cosas, la reconstitución
del Qullasuyu - son el brazo social del Movimiento al Socialismo, ello
explica porqué ciertas autoridades de gobierno se decantan cada vez más en
un estéril discurso populista que gira entorno a revanchismos étnicos, que
en los hechos, sólo contribuyen a perpetuar la división territorial del
electorado boliviano, y por consiguiente, una importante representación
política de la burguesía conservadora en el Senado de la República, las
prefecturas departamentales, y la Asamblea Constituyente.
En efecto, desde las elecciones generales del año 2002 el mapa electoral
boliviano no cambió sustancialmente y se halla dividido geográficamente en
dos; cuestión ésta que se explica en gran medida como consecuencia de la
permanente interacción del discurso y la propaganda indigenista y
regionalista.
Pero quizás el mejor ejemplo de la funcionalidad de este indigenismo dentro
de la estratagema política del bloque de la burguesía conservadora sea la
propuesta constituyente de un Estado comunitario sobre la base de una nueva
división política y administrativa del país, que toma como criterio
inequívoco la existencia de una treintena de etnias que reclaman al Estado
boliviano, entre otras cosas, la asignación de tierra, territorio,
autonomías y competencias para definir el uso y el aprovechamiento de los
recursos naturales.
No obstante una parte considerable de la población habitante de las
comunidades campesinas y los pueblos indígenas vive por debajo de la línea
de pobreza - situación que no le es exclusiva, por cuanto también afecta a
la población urbana del país - no es menos cierto que algunas de sus
autoridades "naturales" buscan simplemente una mayor concentración de poder
político y económico a partir de nuevas competencias delegadas y
atribuciones que, sumadas al reconocimiento pleno del derecho
consuetudinario indígena en la reforma constitucional del año 1994 y la
Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, pueden terminar
fragmentando aún más el Estado boliviano.
Crítico de los etnicismos y los culturalismos, Amin refiere que algunas
prácticas políticas y sociales como la del comunitarismo norteamericano, que
da prioridad a las supuestas identidades comunitarias por sobre las demás
dimensiones de la identidad (pertenencia de clase, convicciones
ideológicas), se fundan en el pensamiento culturalista. Por ello, el
culturalismo étnico puede conducir a la fragmentación más amplia de
identidades construidas históricamente: la "etnia" invocada, enfrentada a la
"nación", se escinde en subetnias, las tribus en clanes y así
indefinidamente.
¿Es posible en estas condiciones internas que Bolivia afronte con meridiana
capacidad las consecuencias nocivas de la mundialización moderna?, o por el
contrario, ¿las exaltaciones desmesuradas de lo regional y lo étnico,
sumados a la consiguiente pérdida de competencias y participaciones del
Estado en la economía, en su conjunto sólo contribuirán a profundizar el
declive del Estado nación para hacerlo todavía más vulnerable a los "cinco
monopolios" (2) del centro del sistema capitalista?
Notas:
1. AMIN, Samir, El capitalismo en la era de la globalización, Edit. Paidós,
Barcelona, 1999.
2. Según Samir Amin, los cinco monopolios que distorsionan el funcionamiento
del mercado actual son el monopolio tecnológico, el control de los mercados
financieros mundiales, el acceso monopolista a los recursos naturales del
planeta, el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de las
armas de destrucción masiva.
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