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@DIN, 27 de
diciembre de 2006 - El juez federal Norberto Oyarbide declaró "crímenes
de lesa humanidad imprescriptibles" a los delitos cometidos por la AAA o
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) durante el gobierno de Isabel
Perón. Si bien la conformación de estos comandos parapoliciales se
estableció aún antes del regreso de Perón, bajo conocimiento del anciano
líder, su apogeo terrorista tuvo lugar en el período que siguió a su muerte.
Se considera que su primera acción pública fue la Masacre de Ezeiza, el
mismo día en que regresaba Perón al país, cuando desde el palco tiraron
contra miles de personas indefensas. Más tarde, ya derrocado el gobierno
peronista, los comandos asesinos -formados por ex policías, militares y
delincuentes comunes- continuó secuestrando y torturando salvajemente a
miles de personas, ya bajo las órdenes de la dictadura militar.
Además de su fallo, el magistrado ordenó formalmente la captura con fines de
extradición de Rodolfo Almirón, un ex jefe operativo de la Triple A que fue
localizado en España. "La existencia de la Triple A y los distintos hechos
cometidos por sus miembros, obedecieron a circunstancias políticas
enmarcadas en cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado,
bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó la asociación", consideró
Oyarbide en su resolución.
El juez federal Norberto Oyarbide firmó la resolución porque consideró que
esos crímenes “obedecieron a circunstancias políticas enmarcadas en
cuestiones ideológicas y montada desde el aparato del Estado”. Pidió la
extradición a España de un ex jefe operativo, Rodolfo Almirón.
Piden extradición de dos represores
Organismos humanitarios de Argentina reclamaron ayer a un juez local que
solicite la extradición del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, detenido en
España por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
(1976-1983).
Además, exigieron a otro magistrado que pida la extradición del ex
subcomisario Rodolfo Almirón Sena, quien en la década de 1970 fue uno de los
jefes del grupo terrorista de derecha ''Triple A'' y cuya presencia fue
detectada en España hace dos semanas.
Representantes de una docena de agrupaciones defensoras de los derechos
humanos se entrevistaron con el juez Sergio Torres, quien investiga a
Cavallo por crímenes perpetrados durante la última dictadura argentina,
informaron fuentes judiciales.
El pasado miércoles, la Audiencia Nacional de España rechazó juzgar a
Cavallo por delitos de lesa humanidad durante el régimen militar y, en
contra del criterio de la Fiscalía, acordó dar prioridad a los tribunales
argentinos.
Horas después, la defensa del ex militar solicitó a Torres que pida la
extradición de Cavallo y que una vez en Argentina sea puesto en libertad
mientras dure el proceso.
El ex militar argentino se encuentra en prisión en España desde que el 29 de
junio del 2003 fuera extraditado por México, donde fue detenido en agosto
del 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de los centros de
detención.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía para él una pena mínima de 13,332
años de cárcel y otra máxima de 17,010, en función de que se le condenara
por delitos de lesa humanidad o de genocidio y éstos estuvieran o no
relacionados con delitos de terrorismo.
Miembros de los organismos humanitarios también se reunieron con el juez
Norberto Oyarbide, a cargo de la causa en la que se investiga al ex
subcomisario Almirón Sena, cuya captura fue ordenada la semana pasada por
otro magistrado argentino.
A Almirón Sena se le imputan, por lo menos, los asesinatos políticos de un
legislador y un sacerdote y Oyarbide ya había pedido a la oficina de
Interpol en España que informara si la persona que fue fotografiada por el
diario español El Mundo era el subcomisario argentino, sobre el que pesaba
una petición de captura desde 1984.
Quién es Eduardo Almirón
Rodolfo Eduardo Almirón fue jefe de la custodia de la ex presidenta María
Estela Martínez de Perón, informa hoy la agencia Total News. De estrecho
lazo con José López Rega, su nombre apareció nuevamente en los medios la
semana pasada luego de que el diario español El Mundo descubriera que vive
en Valencia.
Según consta en el expediente, Almirón fue denunciado desde el inicio de la
investigación por la que hoy el juez federal Norberto Oyarbide declaró los
crímenes de la Triple A como delitos de lesa humanidad y pidió la detención
del ex comisario.
Sucede que estaba implicado, por error, bajo el nombre de Luis Almirón. El
hombre, de 70 años, había sido apartado de la Policía Federal Argentina y
convocado por el Poder Ejecutivo en octubre de 1973 junto con otros
oficiales para efectuar servicio efectivo, en la asesoría del Ministerio de
Bienestar Social.
Luego fue promovido al grado de inspector en febrero de 1974, a oficial
principal en abril del mismo año y a subcomisario en enero de 1975. Un año
después se autorizó a dejar sin efecto su convocatoria a partir del 23 de
octubre de 1975.
En ese momento López Rega había sido designado Enviado Especial ante los
Gobiernos de los Estados de Europa con rango de Embajador, y para cumplir su
misión se designó en comisión -entre otros- a Almirón.
En la denuncia original que habilitó la investigación contra Almirón, el ex
policía fue señalado como jefe de uno de los grupos operativos de la Triple
A.
Almirón ya tenía un pedido de captura desde 1984. A raíz del descubrimiento
del periódico madrileño, la Justicia argentina pidió a Interpol que envíe
información para chequear esos datos y confirmar el domicilio para poder
detenerlo.
Así, por su participación en la Triple A, la Justicia encontró a Almirón
involucrado en los homicidios de Rodolfo David Ortega Peña, Alfredo Alberto
Curutchet, Julio Tomás Troxler, Luis Angel Mendiburu y Silvio Frondizi
(hermano del ex presidente Arturo Frondizi), Carlos Ernesto Laham y Pedro
Leopoldo Barraza. También se agregaron otros hechos como secuestros y
desapariciones de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, y el
asesinato de Raúl Laguzzi.
La causa Razzetti podría ser un eslabón importante
El dirigente peronista habría sido asesinado por la triple A en 1973.
Carlos Razzetti se presentó como querellante en los Tribunales federales
rosarinos el jueves 4 de agosto de 2005 y se constituyó como querellante
para impulsar la reapertura de la causa del asesinato de su padre, ocurrido
el 14 de octubre de 1973 en Rosario. El informe de la Secretaría de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es
contundente: se trató de un crimen de lesa humanidad. De tal manera, en caso
de avanzarse en la investigación podría constituir el inicio de las
investigaciones sobre los cientos de asesinatos cometidos por la Triple A,
aquella organización liderada por el ex Ministro de Bienestar Social, José
López Rega, y que contó con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales
y empresariales. Una buena manera de comenzar a explicar los orígenes del
terrorismo de estado en aquel período que el propio jefe de policía de
Rosario durante la dictadura, Agustín Feced, denominó el tiempo de “las
guerras viejas”.
Constantino Razzetti fue asesinado en la madrugada del 14 de octubre de 1973
luego de participar de una cena del justicialismo de la zona norte de
Rosario, en la que celebraba la vuelta de Juan Perón a la presidencia del
país.
La investigación que se hizo en la justicia provincial fue una farsa: no se
siguieron pistas, apenas se preguntaba a algunos testigos, no se tomaban
declaraciones a otros que aparecieron mencionados en el expediente y se
cerró con una llamativa y evidente celeridad.
Tres décadas después, el licenciado Oscar Guerrero, a cargo de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, encuadra el asesinato dentro de la ley 24.411 que contiene a los
familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Con semejante dictamen, Carlos Razzetti, uno de los hijos del entonces
vicepresidente del Banco Municipal de Rosario, presentó la necesidad de
reabrir el caso ante el juez federal Carlos Vera Barros.
El dictamen de Guerrero dice que “la conclusión que puede extraerse es que
la investigación tendiente a individualizar a los autores de la muerte de
Razzetti fracasó, pero los elementos reunidos en la causa” permiten “afirmar
que en un particular clima de enfrentamiento interno la víctima era
caracterizada como pro Juventud Peronista y supuestamente, por ello,
«comunista», con alto grado de independencia respecto de las corrientes
tradicionales del justicialismo”.
La fecha del asesinato de Razzetti “coincide con la pública actuación de la
denominada Alianza Anticomunista Argentina que tiene inicio notorio con el
atentado con explosivos contra el entonces senador nacional doctor Hipólito
Solari Irigoyen, cometido en octubre de 1973”.
Para Guerrero el caso está enmarcado en los fundamentos que acompañaron la
decisión judicial en torno al asesinato del doctor Rodolfo David Ortega
Peña, una de las más emblemáticas víctimas de la Triple A.
Uno de los aspectos que destaca el funcionario del Ministerio de Justicia es
que “las consecuencias de la aplicación del terrorismo de estado inspirado
en la Doctrina de la Seguridad Nacional” definen un “contorno histórico
determinado cuyo hito inicial no iría más atrás de 1970”.
El dictamen de Guerrero, firmado el 25 de agosto de 2000, sostiene que el
caso Razzetti “fue producto del accionar de un grupo paramilitar, en el
marco de la denominada «lucha antisubversiva» y respondiendo el susodicho
accionar al modus operandi” descrito en la sentencia del 9 de diciembre de
1985, en ocasión del juicio a las Juntas Militares que usurparon el poder en
marzo de 1976.
Añade el documento que “las características personales de la víctima, su
militancia sesgada a favor de los sectores considerados «subversivos» del
peronismo y el «modus operando» desplegado, permite asignar la
responsabilidad del hecho a un grupo paramilitar en el marco de la
denominada lucha antisubversiva”.
El funcionario termina diciendo que “se encuentra suficientemente probado”
la muerte de Razzetti fue causado por un “grupo paramilitar en las
circunstancias previstas por la ley 24.411 y su reglamentación”.
La Triple A rosarina
El 30 de abril de 1973, el comisario Juan José Saichuck, por entonces
titular del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de La
Santafesina SA, produjo un informe que puede leerse como el documento de
identidad del funcionamiento de las bandas de derecha que luego pasarían a
conformar la Triple A.
Saichuck, el jefe, boxeador y acróbata, había pedido colaboración a sus
subordinados para la elaboración del informe. El objetivo del mismo era
establecer un “panorama” de la Juventud Peronista.
“El medio juvenil local ha llevado a cabo, recientemente en nuestra ciudad,
diversas reuniones en las cuales participaron elementos juveniles peronistas
provenientes de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal (Básica
Bomplad). Asistieron integrantes de la Regional II, Comando Unidad, sectores
afines con la «izquierda», identificados con «el socialismo nacional»,
habiéndose tratado en dichas reuniones como temas de importancia: «La
constitución de las Milicias Populares» - «Decreto de Ley de amnistía para
presos políticos». De acuerdo a lo expresado por los delegados capitalinos,
los mismos contarían con el «aval» del doctor Juan Manuel Abal Medina”,
decía el prólogo del documento que permaneció inalterable casi treinta años.
Aclaraba que las “milicias” o “brigadas” responderían “a la inspiración del
dirigente juvenil Galimberti, recientemente defenestrado por Perón, y que no
serían elementos de choque”. Describía las operaciones de información,
correos y vigilancia y dejaba sentado que “los grupos armados Montoneros y
FAR proseguirían con sus estructuras activas y podrían llegar a ser los
ejecutores de aquellos a quienes se les sindique como traidores al
movimiento, al país, autores de torturas, vejámenes, muertes, secuestros;
delincuentes económicos”.
En relación al Ejército Revolucionario del Pueblo, el escrito mencionaba que
“actuaría en forma independiente y en células cerradas, sin contactos con
FAR o Montoneros. El ERP en sus planificaciones no consulta ni pide apoyo a
ningún grupo peronista”.
La visión de los informantes rosarinos era que para la Juventud Peronista
cada uno de los grupos armados “lucha por sus presos en forma individual”.
Los servicios señalaron que las reuniones se hicieron en la Unidad Básica de
calle Viena 5329 y en el bar Il Piave, ambos en la zona de Saladillo.
Lo más interesante del informe se ubica donde se hace un análisis de la
situación.
“Los fines perseguidos empleando parte de estas siglas fueron determinados
por la infiltración, captación y distorsión ideológica de elementos
juveniles peronistas, quienes ante la carencia de dirigentes consustanciados
con los lineamientos justicialistas fueron absorbidos por los que pregonaban
la «patria socialista o izquierda nacional»“, un comentario digno de
cualquier dirigente de la derecha peronista y que luego se utilizaría como
supuesta justificación para el enfrentamiento que se concretó después de
Ezeiza.
Luego, en el documento hay una referencia al “éxodo de militantes” que
sufría, por aquellos días, el FEN, dirigido “por lo que determinados
círculos de la juventud consideran como «el marxismo israelí» representado
por Grabois y acólitos”.
Pero lo que viene es una clara advertencia de lo que efectivamente ocurrió:
“Las nuevas pautas a darse en el consenso juvenil pueden determinar, dentro
de la disciplina y verticalidad que imponga Perón, una «purificación»
doctrinaria de la juventud”.
Al Gato Saichuck lo envenenaron a fines de 1976, pero sus trabajos de
inteligencia marcaron la tendencia no solamente de las patotas que
acompañaron a Agustín Feced, sino también los procedimientos y la ideología
de aquella federación de bandas de delincuentes y de ideología fascista que
se denominó Triple A.
La Juventud Peronista ya estaba infiltrada aún antes de la asunción de
Héctor Cámpora y la idea de la depuración del justicialismo era un claro
objetivo que compartían los servicios de las distintas fuerzas de seguridad
y armadas con dirigentes sindicales, grandes empresarios y también
políticos.
El informe Saichuck, del 30 de abril de 1973, prologaba el asesinato de
Constantino Razzetti, las matanzas de la Triple A, la invasión a Villa
Constitución el 20 de marzo de 1975 y el golpe de Estado de marzo de 1976.
Formaba parte de la estrategia de las llamadas guerras viejas, como las
bautizaría Feced ante la Justicia de Instrucción Militar, en 1986, a la hora
de hacer la historia del terrorismo de estado inaugurado diez años antes.
El caso Razzetti puede ser el inicio de la investigación de aquellos
crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A, no solamente en
Rosario, sino en todo el país.
Más información: de El Ortiba
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