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Por: Isaac "Yuyo" Rudnik
@DIN
Las primeras declaraciones del director
general Rodrigo de Rato apoyando la medida -obviamente era difícil oponerse
a recibir un pago al contado de semejante magnitud- no alcanzan a ocultar el
profundo desagrado del establishment financiero internacional y de sus
principales voceros locales. Más allá de los matices, todas las
manifestaciones expresan la preocupación por el margen de independencia
ganado por el gobierno argentino comparado con los condicionamientos que
históricamente debieron aceptar las administraciones anteriores ante cada
refinanciación de los montos adeudados con ese organismo financiero. Algunos
directamente aludieron a una inmediata "izquierdización de la política
económica", otros prefirieron advertir sobre los peligros de futuros
desbordes en el gasto público. Para estos últimos la respuesta llegó en
menos de veinticuatro horas, cuando en un acto con el gremio de la
construcción el presidente anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de
11 mil viviendas en todo el país, e insistió en la continuidad de la
inversión pública como protagonista de la dinamización de la economía.
El rol del FMI y la relación con este gobierno
Desde hace muchos años el FMI juega el papel de monitorear, en nombre del
poder financiero internacional, las políticas económicas de los países que
caen bajo su órbita. Así, lo peor de las recetas neoliberales fue
incorporado a su decálogo básico, y repetido sin cambios en todas las
"recomendaciones" de los burócratas encargados de negociar con los gobiernos
de nuestro país. Privatizaciones, apertura irrestricta de nuestras
economías, libre flujo de capitales, sometimiento a la jurisdicción de los
tribunales de los países centrales en caso de conflicto, etc. fueron algunos
de los compromisos asumidos en las "cartas de intención", firmadas en las
sucesivas refinanciaciones solicitadas para las cuotas de la deuda que se
vencían y no se podían pagar. Por eso siempre estuvo claro que la intención
real del FMI no era cobrarse el total de la deuda, sino mantenerla y
acrecentarla mediante nuevas refinanciaciones bajo condiciones que eran
leoninas, no sólo por los intereses que se agregaban, sino porque
significaban pasos en dirección de asumir el control del conjunto de la
política económica nacional, imponiendo medidas que después se iban
monitoreando mes a mes. Este proceso se aceleró y consolidó durante toda la
década de 1990, hasta la llegada de este gobierno a la Casa Rosada.
Algunos dicen equivocadamente que, con los republicanos en el gobierno de
los EEUU, éstos impulsaron el cambio de objetivos para el FMI, buscando que
éste pase a exigir los pagos que se le adeudan por encima de su papel de
monitoreo. Esto es una grave confusión, pues en realidad lo que impulsan los
republicanos es un endurecimiento de las condiciones para las susecivas
refinanciaciones. Sus críticas a la conducción del FMI por el manejo de las
crisis es porque los acusan de "blandos", cuestionando lo que ellos llamaban
las políticas "rescatistas" que se sostuvieron durante el gobierno de
Clinton, y que apuntaban a darle una cierta "gradualidad" a los ajustes.
Bush impulsa un tratamiento más drástico ante cada situación, y en el caso
de Argentina, el G7 explícitamente declaró más de una vez a lo largo de
todas las pulseadas con este gobierno que era condición indispensable el
acuerdo con el FMI, reafirmando contundentemente su rol de monitoreo.
A principios de este año decíamos: "Obviamente, la disputa con el poder
económico de los noventa, cuyo representante privilegiado y excluyente sigue
siendo el FMI -que cuenta con el apoyo irrestricto del G7-, no pasó, ni
pasa, solo por la negociación alrededor de las cuotas de la deuda pública,
sino que abarca otros temas puestos por el organismo multilateral en el
mismo plano de importancia: la privatización de la banca pública, los
aumentos de las tarifas, una reforma impositiva para tornar aún más
regresivo el sistema actual. En definitiva, los reclamos con que se sentaron
a negociar al día siguiente que asumió Kirchner son los mismos con que
apretaban y hacían hocicar a De la Rúa.
En el marco de una política económica que promovió el crecimiento sobre el
desarrollo del consumo del mercado interno y la integración del mercado
regional, el gobierno encaró entonces una estrategia que consistió en
mantener los pagos al FMI, rechazó los requerimientos sobre la política
económica que afectaban el crecimiento del mercado interno (lo cual
desembocó en la suspensión del acuerdo vigente en setiembre del año pasado)
y propuso un plan de pagos a los tenedores de bonos que, por un lado,
implica una quita importante y, por otro, traslada hacia adelante los plazos
de pago de intereses y capital, con el argumento explícito y público de que
no se va afectar la marcha de un proyecto que está produciendo crecimiento
económico y redistribución de ingresos" ("No pagar con el hambre del
pueblo", febrero de 2005).
Después de la suspensión de la discusión con el FMI sobre la política
económica a seguir, llegó el resultado del canje con los tenedores privados
de bonos que arrojó una reducción del 75%, operación que contó con la
oposición abierta del FMI y del mismo G7 durante todo el proceso de
negociaciones. Por su lado, la economía nacional no dejó de crecer mientras
se viene produciendo una lenta pero innegable redistribución de ingresos.
Los mitos y la realidad
Y aquí conviene detenerse en el análisis de algunos mitos que reproduce sin
fundamentos serios alguna prensa de izquierda y de derecha, llamativamente
en forma coincidente.
El primero es el del superávit fiscal y para qué se usa. La experiencia de
los "golpes de mercado" como recurso de los grupos financieros para apretar
a los gobiernos para que aceleren los cambios que ellos reclamaban es
bastante profusa en nuestro país. Alfonsín, el propio Menem en sus primeros
meses y De la Rúa son ejemplos de cómo resolvieron rápidamente los
monopolios financieros algunas controversias menores en ese período, no sólo
para cambiar desiciones económicas sino para voltear al mismo gobierno si
evaluaban que no les era del todo útil. La voluntad de este gobierno de
marchar a contrapelo de las recomendaciones "razonables" del FMI no podía
asentarse sólo sobre la base del consenso político que fue ganando, sino que
requería de un respaldo financiero indispensable que le permitiera
desalentar cualquier maniobra desestabilizadora. Maniobras con las que no
dejaron de amagar en ningún momento, y que van desde los permanentes
intentos para cambiar la relación peso-dólar, buscando apreciar el peso y
achicar el saldo exportador, hasta los aumentos de precios que impulsan
artificialmente el crecimiento inflacionario, pasando por una inmediata
minicorrida al dólar después del anuncio de pago al FMI que obligó al Banco
Central a intervenir en el mercado. Hay que decirlo con toda claridad: en
este contexto adverso no hay política económica soberana sin un importante
superávit fiscal que el gobierno pueda manejar con las manos libres.
Y aquí viene el segundo mito, que dice que este gobierno le ha reconocido al
FMI su carácter de acreedor privilegiado y es el que más le ha pagado en
toda la historia de nuestra relación con él. Lo dijimos y lo reiteramos:
repetir como loro lo de "acreedor privilegiado" obviando el marco de
conflicto por negarse a implementar los aumentos de tarifas, por no
privatizar la banca pública, que va jugando un papel cada más fuerte para el
crecimiento económico, por no acceder a reavivar las negociaciones para el
ALCA, por oponernos a la profundización de la apertura económica en el marco
de la OMC, es por lo menos una lectura parcial, por no decir
malintencionada. No creemos que el FMI haya buscado saldar totalmente la
deuda y quedar fuera de la discusión de nuestra política económica. Quizás,
como dicen algunos, necesitaba "bajar el nivel de exposición", pero detrás
de este argumento lo principal era el endurecimiento de las condiciones para
renovar financiamiento. Y hay varios que deben estar lamentándose por haber
perdido este paraguas protector, entre ellos las privatizadas que pugnan por
aumentar sus tarifas y los fondos buitres que se quedaron fuera del canje de
bonos.
Y el último mito es aquel sobre el "mejor pagador". Entre 1976 y 2000, según
datos del Banco Mundial y del BCRA tomados del libro La deuda o la vida de
Eric Toussaint en la parte de su análisis sobre la Argentina, se pagaron
212.280 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 8.500 millones al
año. En los últimos cuatro años se pagaron 19.000 millones, lo que arroja un
promedio bastante menor. Aún contabilizando ahora los 9.800 que se
cancelarán antes de fin de año, estamos por debajo del promedio del último
cuarto del siglo pasado. No es para alegrarse, ya que son cifras enormes, y
lo son aún más en relación a las tremendas necesidades que padecen las
mayorías populares y a la ilegitimidad e ilegalidad de la propia deuda que
estamos pagando. Pero es igual que cuando analizamos los índices de
indigencia y pobreza que padecen millones de argentinos: sabemos que es una
injusticia que no nos merecemos, pero no dejamos de resaltar que durante
este gobierno esos índices se redujeron, al igual que los de la
desocupación. Éste es el camino que estamos recorriendo en medio de inmensas
dificultades. Y si alguien en el mundo o en América Latina tiene resultados
mejores para mostrar en el camino de resolver las tremendas secuelas que nos
dejaron décadas de neoliberalismo en un tiempo tan corto como el que
nosotros llevamos con el gobierno del presidente Kirchner, que venga y nos
los muestre. Estamos dispuestos a intercambiar experiencias y a aprender
caminos mejores. |
